En cuestión de un par de horas, las designaciones de los jueces Jorge Rivera Rueda y Cyndia Irizarry Casiano como presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fueron evaluadas en una acelerada vista pública este lunes, y ratificadas poco después tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes.

En el Senado, los nominados fueron confirmados por descargue y sin vista pública. Mientras, en la Cámara, las designaciones estuvieron ante la consideración de la Comisión de Gobierno, que los atendió en una audiencia que se extendió cerca de media hora y a la que no asistieron legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) ni del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

En la Cámara, donde la votación fue por pase de lista, los jueces obtuvieron el favor de 37 representantes. En el Senado, la votación fue a viva voz.

“Nadie puede cuestionar la ecuanimidad, nadie puede cuestionar la trayectoria de los nominados para ejercer como presidente en propiedad y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones”, afirmó el presidente del Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Los nombramientos -en ambas cámaras- fueron confirmados con la oposición expresa del PPD y el PIP. Mientras, el voto de las legisladoras de Proyecto Dignidad fue dividido.

“Estos nombramientos se hacen sin el consenso de los partidos. Ante ello, y ante todas las circunstancias que hemos planteado, nuestra delegación votará en contra de ambos nombramientos para dirigir la CEE”, señaló el portavoz de la Pava en el Senado, Luis Javier Hernández.

Según el exalcalde de Villalba, los informes positivos de la Comisión senatorial de Innovación, Reforma y Nombramientos carecen de un plan de trabajo, por parte de los nominados, dirigido a evitar que se repitan circunstancias como las ocurridas en los comicios pasados, cuando el proceso de escrutinio se extendió hasta diciembre.

“Estamos haciendo un voto a la suerte del país”, dijo Hernández, al recordar que ambos jueces fueron nominados por el exgobernador Pedro Pierluisi el cuatrienio pasado y fueron rechazados por los comisionados electorales.

El senador del PIP, Adrián González, enfatizó que, a partir de este lunes, la función de ambos candidatos -aunque identificados con el partido de gobierno- debe ser, “por lo menos, no lucir como un PNP de pura cepa, y resolver conforme a la ley y al Código Electoral respetando la voluntad del electorado”.

La portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, Joanne Rodríguez Veve, hizo constar su voto en contra de los nominados, ya que la colectividad no pudo participar en el proceso de votación interno para la elección de los candidatos a la presidencia de la CEE. A esto se suma, dijo, que su partido mantiene un pleito ante el Tribunal Supremo para exigir su permanencia en el ente electoral.

En la Cámara, la representante por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, emitió un voto a favor de ambos nominados.

“Yo conozco al juez... y estoy completamente convencido que, si algún candidato del PNP o el PNP hiciera un planteamiento en el cual no tuviera la razón, les aseguro a ustedes que tranquilamente le quitaba la razón al PNP”, expuso, por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Analizan sus credenciales

Temprano en la tarde, en un aparte con la prensa concluida la audiencia cameral en las que sus nombramientos fueron evaluados, Rivera Rueda e Irizarry Casiano hablaron sobre sus prioridades, entre las que está evaluar los resultados de los pasados eventos electorales para identificar las áreas donde se presentaron inconvenientes y atenderlas.

“Ese va a ser nuestro enfoque, una vez lleguemos, poder identificar de manera precisa qué asuntos se tienen que atender con premura para, con tiempo, comenzar a hacer todas las gestiones necesarias y encaminar un proceso electoral en el 2028 que sea de altura y confiable”, expresó Rivera Rueda a preguntas de Primera Hora.

Durante la vista, los nominados no enfrentaron preguntas de los representantes, simplemente leyeron sus ponencias y luego abandonaron la sala de audiencias con la promesa de que sus designaciones serían aprobadas en cuestión de horas, tal y como ocurrió.

Rivera Rueda tiene una maestría en Administración de Empresas con concentración en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica. Fue juramentado como abogado en 2010.

En el servicio público, fue asesor legal de la Oficina del Contralor Electoral y subdirector de la Oficina de Asesores del presidente Rivera Schatz, en el cuatrienio 2016-2020. A la Judicatura, llegó en 2020. Sobre sus funciones públicas relacionadas con la CEE, Rivera Rueda dijo que, en las pasadas elecciones, presidió la Comisión Local del precinto 81 del municipio de Aguas Buenas.

“Reconozco que tengo un gran reto ante mí y que enfrentamos grandes desafíos en aras de fortalecer la confianza en la institución. Ahora bien, mi experiencia me ha permitido conocer ampliamente nuestros procesos electorales”, expuso.

“Una vez nos incorporemos en la CEE, ...comenzaremos a evaluar dónde estamos parados y cómo va a ser la política pública que el señor presidente va a estar implementando y que estaremos, con mucho gusto, apoyándolo”, expuso, por su parte, Irizarry Casiano.

Respecto a los señalamientos sobre su participación en el diseño del Código Electoral de 2020, Rivera Rueda dijo que él no fue parte del equipo que redactó la medida, aunque reconoció que, como parte de sus funciones como subdirector de la Oficina de Asesores del presidente del Senado, pudo “haber atendido algún asunto en particular”.

“Pero, ciertamente, ser de las personas que se encargaron en la redacción del Código, no es correcto”, expuso Rivera Rueda, quien prefirió no abordar posibles enmiendas al estatuto de cara al 2028. “Eso es una facultad de la Asamblea Legislativa”, dijo.

“Siempre hay espacio para mejorar. Me parece que eso es algo que no debe haber dudas, pero es una facultad de la Legislatura y, nuestro deber, desde la Comisión, es implementar el Código Electoral y la legislación vigente”, abundó Rivera Rueda.

La nominada, en tanto, tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Pontifica Universidad Católica. En 2009, fue designada como administradora de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera y, en 2011, dirigió la Administración de Instituciones Juveniles y la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

Como jueza municipal, ha presidido, por los pasados 12 años, la sala especializada de violencia doméstica.