El juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, manifestó a través de un comunicado su sentir con relación a la aprobación de la reforma del Sistema de Retiro de la Judicatura en la Cámara de Representantes. Además, en el escrito hace un llamado al Senado para que no apruebe el proyecto como está redactado. A continuación, la reproducción de sus expresiones.

“En altas horas de la noche de ayer, la Cámara de Representantes aprobó unas enmiendas al proyecto de reforma del Sistema de Retiro de la Judicatura que laceran los principios más elementales de nuestra democracia y de nuestro sistema republicano de gobierno.

Estas enmiendas, cuyo fin aparente es intervenir indebidamente con la independencia judicial y obligar a todos los jueces y juezas de mayor experiencia en la Rama Judicial a acogerse al retiro temprano, se presentaron por primera vez en el hemiciclo durante una sesión legislativa caracterizada por la desorganización y la ausencia total de debate y deliberación legislativa y en medio de la conmoción ciudadana ocasionada por el descargue del proyecto de reforma del Sistema de Retiro de Maestros.

Tanto el proyecto de ley presentado inicialmente por el Primer Ejecutivo, como el informe aprobado por las dos comisiones de la Cámara de Representantes que atendieron la medida, reconocían la norma constitucional de que cualquier reforma a las pensiones del sistema de retiro de los jueces y juezas debe ser de naturaleza prospectiva para aquellas personas que sean nombradas por primera vez a un cargo como juez o jueza a partir de la fecha de efectividad de la ley. Como bien rezaba originalmente la Exposición de Motivos de la legislación presentada, el carácter prospectivo de la medida respetaba “la disposición constitucional que pretende evitar que la Judicatura esté sujeta a represalias, presiones y a situaciones de indebida intervención, contrarias a los principios de independencia judicial y separación de poderes”.

Sin embargo, las enmiendas insertadas en el hemiciclo, dirigidas a reducir sustancialmente las pensiones de los jueces en funciones y aumentar sus aportaciones individuales, carecen de base alguna en el récord legislativo y no responden a un esfuerzo racional ni ponderado de atender la situación fiscal del Sistema de Retiro de la Judicatura. De hecho, todas las entidades que presentaron sus comentarios sobre la medida original -incluyendo a la Administración de Sistemas de Retiro, el Banco Gubernamental de Fomento, la Oficina de Administración de los Tribunales y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura- enfatizaron que la reforma debe ser prospectiva y que cualquier cambio adicional debía hacerse dentro de los límites constitucionales aplicables.

La Rama Judicial de Puerto Rico está plenamente consciente de los retos fiscales que enfrenta el Sistema de Retiro de la Judicatura. Este es un sistema muy pequeño cuyo déficit es muchísimo menor al de los otros sistemas de retiro y no ha sido objeto de señalamiento por las casas acreditadoras.  Es por ello que hace un tiempo comenzamos un proceso de análisis y evaluación de alternativas viables para reformarlo asegurando que se respetara el carácter constitucional del sistema, como lo hacía el proyecto de ley originalmente presentado por el Gobernador.  Lamentablemente, el proceder atropellado de la Cámara de Representantes al enmendar la medida en la noche de ayer coloca una reforma que se ajustaba a la realidad fiscal del Sistema de Retiro de la Judicatura en una posición sumamente precaria y al margen de la Constitución.

Como motivo de mayor consternación aún, la Cámara aprobó otra enmienda que a todas luces obligaría a todos los jueces y juezas de mayor edad y años de servicio en la Rama Judicial a que se acojan prematuramente al retiro en el próximo año, ello en un momento histórico en que el país necesita de jueces y juezas de mucha experiencia para atender los casos que se presentan en nuestro sistema de justicia, particularmente en las salas de asuntos de lo criminal.

Es evidente que consciente de la normativa constitucional vigente la Cámara aprobó un proyecto con vicios inconstitucionales con el propósito de obligar a la propia judicatura a interpretar esta legislación simultáneamente con la del sistema de retiro de los maestros.  Tales enmiendas aprobadas ayer por la Cámara de Representantes, son contrarias al juramento de defender la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hicieran los y las representantes al momento de tomar posesión de sus cargos.  La Rama Judicial no claudicará a su responsabilidad constitucional de ser los últimos intérpretes de nuestra Constitución si se aprueban ambas legislaciones y si las mismas son impugnadas en los tribunales.

En mi carácter de Juez Presidente de toda la Rama Judicial de Puerto Rico le hago un llamado al Senado para que no apruebe el proyecto como está redactado y que lo modifique nuevamente para ajustar la reforma de Retiro de la Judicatura a la normativa constitucional aplicable. Como de costumbre, la Rama Judicial está disponible para participar de este proceso en abierto diálogo, como requiere el ordenamiento vigente y como dicta la tradición democrática que siempre hemos honrado.

Es menester destacar que el país necesita de una Judicatura independiente y con experiencia. En fin, de convertirse en ley el proyecto según enmendado ayer, el efecto neto de esas enmiendas aprobadas por la Cámara de Representantes al proyecto de reforma del Sistema de Retiro de la Judicatura será generar una crisis constitucional y desestabilizar la Rama Judicial como resultado de las acciones de las ramas políticas de gobierno, cosa que nuestra Carta Magna prohíbe.   

Confiamos que el resultado final sea un sistema de retiro para los miembros de la Judicatura sólido, resultado del diálogo y el consenso en el cual se respete el carácter constitucional del mismo y se evite cualquier intervención indebida con la independencia judicial, valor máximo de la Judicatura y garantía de imparcialidad y equidad procesal para nuestro pueblo”.