Juez da término final a Rivera Schatz para que divulgue todos los salarios
Vega Ramos reclama las nóminas de Superintendencia y Servicios Legislativos
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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El juez superior Anthony Cuevas le concedió hoy hasta el lunes próximo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz para que haga públicos los salarios de empleados y ex empleados de ese cuerpo legislativo en el período de los últimos ocho años.
Cuevas le concedió a Rivera Shatz un término final de cinco días para que produzca la información requerida por la candidata a la Cámara, por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados. El juez acogió una moción desacato de Prados, quien alegó que el Senado no había hecho accesible toda la información solicitada de los salarios, incumpliendo así con la sentencia que emitió el juez el pasado 19 de octubre.
“Ellos han estado publicando y actualizando. Lo primero que publicaron el martes pasado fueron los salarios de los empleados activos del Senado y varios días después, el viernes, actualizaron y pusieron más información que incluía a los empleados que trabajaron durante el cuatrienio anterior de la presidencia de Eduardo Bhatia, pero todavía nos falta información de personas que dejaron de trabar durante este cuatrienio y personas que dejaron de trabajar durante el cuatrienio de Bhatia”, indicó Prados en declaraciones a Primera Hora.
La abogada indicó que los cinco días vencen el lunes 2 de noviembre.
“Ellos admiten en su moción de contestación al tribunal que faltaba información y el tribunal les otorgó cinco días para publicarla”, sostuvo.
A finales de septiembre pasado la candidata del MVC acudió ante el Tribunal de San Juan con un recurso de mandamus en reclamo de que la Legislatura hiciera públicos los salarios de empleados y contratistas. La pasada semana, el presidente del Senado, a través de los abogados del cuerpo legislativo, entregó una lista parcial del personal y pidió la desestimación del pleito.
La candidata del MVC reclamó en el recurso legal, radicado el pasado, 29 de septiembre que las cámara alta hiciera público el nombre, posición, salario y fecha de contratación de todos los empleados y empleadas del Senado desde el 1 de enero de 2013 al presente. Los abogados del cuerpo legislativo primero entregaron una lista parcial del personal y pidieron la desestimación del pleito, pero el juez les ordenó proveerlos a la demandante por tratarse de información pública,
“Los salarios del personal del Senado es información pública que debe ser accesible para que elpueblo evalúe cómo se usan los fondos públicos por parte de la Asamblea Legislativa. No estamos pidiendo copia de los expedientes de personal, sino la información específica sobre la compensación que reciben las personas que ocupan algún puesto en el capitolio. Esto es una práctica regular en muchos estados de Estados Unidos y el mundo.”, dijo entonces Prados Rodríguez.
Hoy la abogada no descartó acudir con otro legal contra Rivera Schatz para que también haga públicos los salarios de la Superintendencia del Capitolio.
"Se nos está poniendo la traba de que estas son entidades distintas, pero sabemos que igual son empleados de la Rama Legislativa y que cuando el juez dice que esta es información pública está hablando de todos los salarios, indicó la candidata a la Cámara.
Vega Ramos exige salarios en Superintendencia y Servicios Legislativos
Vega Ramos, por su parte, indicó que cursó hoy sendas cartas a ambos presidentes legislativos reclamando la divulgación completa en la Superintendenia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), de salarios, contratos de servicios y contratos de obras y mejoras permanentes, como lo serían los relacionados con la controvertible Plaza del Creyente, que no ha sido terminada.
“De no producirse mañana durante el transcurso del día estaremos radicando la sollicitud en el Tribunal de San Juan para que aclare que la sentencia ya dictada sea extensiva a OSL y Supertendencia”, sostuvo Vega Ramos.
“En OSL mientras estaban despidiendo empleados de carrera de 18, 20 y 29 años, en 2017, simultáneamente estaban otorgando contratos a activistas penepés como Antonio Sagardía por $130 mil por seis meses", agregó.
Se alega que familiares de ambos líderes legislativos laboran o han laborado en esas dependencias legislativas.