La Comisión Asesora de Acceso a la Justicia emitió una resolución la semana pasada en la que afirmaron que el recorte en el presupuesto de $69 millones anticipado por la administración del gobernador Alejandro García Padilla a la Judicatura provocará una “merma en servicios de la Rama Judicial”, lo que sería perjudicial para promover los derechos de los ciudadanos que residen en la Isla.

Para tal razón, sus miembros requirieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que adopten medidas de corto y mediano plazo y “aquellas medidas de carácter estructural que atiendan las raíces profundas de la crisis actual”.

Además, el grupo requirió acciones afirmativas para evitar que los recortes de presupuesto afecten a los sectores más vulnerables de la población.

“En su pasada reunión (del 5 de mayo), la Comisión decidió, de manera libre e independiente, emitir una resolución en la que hace constar su posición con relación al anuncio de recortes en las asignaciones presupuestarias, no sólo a la Rama Judicial, sino a todas las organizaciones que tienen entre sus objetivos facilitar y promover el acceso a la justicia a diferentes sectores de nuestra población”, explicó la directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales y Presidenta de la Comisión, Isabel Llompart Zeno, en comunicado de prensa.

Informó que los miembros de la Comisión están conscientes que el gobierno atraviesa momentos de crisis fiscal, pero mostraron preocupación con que el efecto sea desproporcionado.

Como ejemplo, se mencionó que se podrían afectar el programa de las cortes de drogas, en la que se opta por programas de rehabilitación en vez de cárcel para ciertos ofensores de la Ley de Sustancias Controladas, así como en las Salas Especializadas para casos de violencia de género o de atención para personas con condiciones de salud mental.

“Tendrá un efecto sustancial en la prestación de servicios judiciales y en el acceso a la justicia de numerosos sectores de nuestra comunidad”.

La Comisión está integrada por miembros de la judicatura, organizaciones que brindan asistencia legal a los pobres del país, escuelas de derecho y representantes de varias organizaciones comunitarias y organizaciones profesionales. Entre sus integrantes están el licenciado Carlos Rodríguez Vidal, abogado en la práctica privada; el licenciado Charles Hey Maestre, Director Ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico; el licenciado Federico Rentas, Director Ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal, Inc.; el licenciado Luis E. Rodríguez Lebrón, director ejecutivo de Pro-Bono, Inc.; la licenciada Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); el licenciado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el licenciado José A. Frontera Agenjo, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, entre otras personas.