El gobernador Alejandro García Padilla acogió satisfecho hoy, miércoles, el veredicto que emitió un jurado federal contra el suspendido juez Manuel Acevedo Hernández, quien fue hallado culpable de cargos de corrupción judicial.

“Estoy muy contento de que la judicatura se haya librado de una persona que a la hora de impartir justicia observaba qué podía obtener en ganancia para sí, en vez de cuál era la decisión razonable para las partes que estuvieran envueltas en el caso”, dijo el gobernador al reaccionar al fallo de culpabilidad en los dos cargos de conspiración y soborno que se le imputaron al suspendido juez estatal.

Acevedo Hernández, quien estuvo más de 30 años en la judicatura, fue implicado en un acuerdo con el contador público autorizado Lutgardo Acevedo López para absolverlo en un caso de homicidio negligente, al causar la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia en un accidente automovilístico, a cambio de regalías y favores que le daba a través del intermediario Ángel “Lito Trampa” Román Badillo.

El suspendido juez fue acusado por llegar a un acuerdo con Acevedo López para que lo beneficiara en el caso de homicidio negligente, lo que hizo el 27 de marzo de 2013, al encontrarlo no culpable. Antes y durante el juicio, el contador usó a Román Badillo como intermediario entre ellos y la defensa del entonces acusado, compuesta por los abogados Harry Padilla y Mayra López Mulero.

Según Román Badillo testificó, Acevedo López le depositaba dinero a su cuenta para que sacara al entonces juez a comer y a beber, le saldó una deuda de $3,700 en el Departamento de Hacienda; pagó materiales para la remodelación de un garaje; le regaló una motocicleta de $1,200; además de yuntas y relojes, que fueron encontrados en la casa del exjuez en el allanamiento que el Negociado Federal de Investigaciones hizo en su casa el 14 de abril de 2014.

Como parte del esquema, el contable ayudaría a Acevedo López a cumplir su “sueño” de retirarse como juez del Tribunal de Apelaciones usando sus contactos políticos y apoyo del recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, lo que no se concretó.

El convicto juez estatal se expone a una pena máxima de 10 años de prisión.