“El futuro vislumbra nefasto… Si ahora con lo que recibimos no alcanza, ¿cómo yo me voy a proyectar en un futuro?”, manifestó Lydia Pellot Zeno, de 72 años y retirada de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), donde laboró durante 32 años.

Pellot Zeno dice ser una de las “afortunadas” que cuentan con  una pensión bruta del Gobierno de $2,000, más el beneficio de Seguro Social. En ocasiones, sin embargo, luego de satisfacer todas sus obligaciones, el dinero no le alcanza para acabar el mes y se ve en la necesidad de procurar ayuda de sus hijos.

“He tenido que llegar a prorratear los medicamentos para no utilizarlos y economizar dinero en términos de los medicamentos… Algunas veces, para estirar el medicamento, dices: ‘hoy me tomo las pastillas de la diabetes y la de la presión, y mañana no me las tomo”, dijo la mujer.

El futuro no es uno alentador y tampoco sus opciones. De sufrir una reducción en su pensión o la eliminación de otros beneficios debido a la potencial insolvencia en la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), Pellot Zeno se vería en la necesidad –según contó- de intentar vender su residencia en un debilitado mercado de bienes raíces, irse a vivir con alguno de sus dos hijos y salir a la calle a buscar trabajo.

“Aún con la experiencia profesional que yo pueda tener, es bien difícil que a los 72 años consiga un trabajo... Si los jóvenes están desempleados, ¿dónde yo voy a conseguir un trabajo que me pueda aumentar mis ingresos?”, expresó la ex coordinadora administrativa de Alcoholismo y Prevención de Drogas de Assmca.

“No puedo decir que voy a economizar porque si ahora no me alcanza, ¿cómo será luego?”, agregó la mujer.

Según trascendió durante las vistas de transición del Gobierno, a la ASR le quedan apenas $1,288 millones en sus arcas y, a ese ritmo, el dinero podría acabarse a finales del año fiscal 2018. Las medidas para enfrentar la crisis están en manos de la Junta de Supervisión Fiscal, a la cual se le encomendó la realización de un estudio actuarial con proyecciones para 30 años y la identificación de fuentes de pago.

Por su parte, Genoveva Ríos Quintero, de 72 años, también retirada de Assmca, afirmó que esta situación le provoca “ansiedad, angustia y dolor”.

Actualmente, Ríos Quintero, quien laboró para el Gobierno 30 años, recibe una pensión neta del Gobierno de $1,900, sumados al Seguro Social. Sin embargo, sus ingresos se encuentran altamente comprometidos a causa de préstamos tomados en la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela) y en la ASR. No se arrepiente de haberlos solicitado, pues –según señaló- “con esos préstamos uno envió a los hijos a estudiar y  comprar ropa” y también pudo regalarle un vehículo a su nieta para que ésta pudiera trabajar.

El alto costo de los medicamentos es un asunto que le preocupa aún más ante la especulación de una posible reducción en sus ingresos. “Fui a comprar unos medicamentos porque sufrí una caída, que son comunes en nosotros, y cuando voy a la farmacia, yo le digo: ‘¿cuánto es el costo?’. Me dicen: ‘mire, un medicamento vale $800, el otro $200 y pico y el otro creo que $8. Y yo le dije: ‘deme la receta que la voy a romper… porque yo no puedo pagar esa cantidad de dinero humanamente’”, ejemplificó.

La septuagenaria urgió la unión de los empleados públicos jubilados para lograr que la Junta de Supervisión Fiscal les escuche y reconozca como acreedores del Gobierno.

El Sistema de Retiro del Gobierno y la Judicatura no es el único sacudido por los vientos de insolvencia. También para el año fiscal 2018, el Sistema de Retiro de Maestros podría quedarse sin dinero, según confirmó recientemente Wanda Santiago López, directora de la entidad, durante las vistas de transición. Santiago López explicó que, al día de hoy, los ingresos anuales del Sistema de Retiro de Maestros rondan los $535 millones, mientras los gastos superan los $830 millones. Lo anterior se traduce en una deficiencia anual de casi $300 millones.

Entretanto, para Héctor L. Chévere Ortiz, maestro retirado, una reducción o la falta de pago de su pensión implicaría verse en la disyuntiva, por ejemplo, entre comer o pagar el plan médico.

Jubilado en el 2014 luego de laborar 34 años como maestro de Historia para el Departamento de Educación, Chévere Ortiz recibe una pensión neta de $754 quincenales. 

“En una quincena (luego de pagar mis deudas) me quedo como con unos $80 y en otra quincena me puedo quedar hasta con $100, no más de eso”, explicó el educador sobre la situación económica que lo obligó, a sus 65 años, a aceptar un trabajo como maestro sustituto para una compañía privada.

“Si a mí me reducen mi pensión, yo tengo que salir de mi carro obligatoriamente… Con el dinero del carro, entonces (compro) comida, luz, agua, celular porque yo necesito mantener comunicación para alguna emergencia o algo”, indicó Chévere Ortiz.