Varios grupos de jubilados se manifiestan en la mañana de este martes frente al Capitolio para exigir al liderato de la Cámara de Representantes que lleve a votación hoy mismo el proyecto del Retiro Digno para que pase a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La presidente de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, indicó a Primera Hora que la medida fue aprobada en el Senado el pasado 13 de mayo con enmiendas “que no son sustanciales ni cambian el panorama de la medida”. Por ello, exigen que la Cámara vuelva a reconsiderar el proyecto de la Cámara 120 para que pase a la firma del primer ejecutivo.

“Es una manifestación exigiendo a todos los representantes que aprueben este proyecto que nació de la Cámara. Contamos con el compromiso que demostraron cuando votaron de forma unánime y solo falta la firma del gobernador para hacerle justicia a miles de jubilados que no merecen recortes a sus menguadas pensiones”, explicó.

Primera Hora se comunicó con el portavoz de prensa de la Cámara de Representantes, Josúe Brenes, para preguntar si la medida se encontraba en calendario para la sesión legislativa de este martes. Solo indicó que a las 11:00 a.m. los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) tienen un caucus. Indicó que habría que esperar cuál es el resultado de la reunión.

La Cámara aprobó el proyecto de ley el pasado 23 de febrero. Sin embargo, al Senado haberle incluido enmiendas, los representantes tienen que concurrir con las mismas para poder enviar la medida hacia la firma del primer ejecutivo.

Por otro lado, Martínez Padilla dijo que los jubilados también han lanzado un emplazamiento a Pierluisi para que firme la pieza legislativa una vez llegue a su despacho en La Fortaleza.

“Emplazamos al gobernador a que cumpla más allá con sus palabras con acciones. El gobernador ha dicho que va a proteger las pensiones y una forma de protegerla es firmar este proyecto para que haga historia en defensa de miles de jubilados”, precisó.

El proyecto de la Cámara 120, en esencia, crearía un fideicomiso para que los mismos empleados del gobierno dirijan su programa de pensiones. El mismo se crearía con $9,000 millones que tiene el gobierno en una cuenta bancaria para pagar a los bonistas.