El ginecólogo y miembro del “task force” médico, Juan Salgado, declara hoy bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, quienes investigan el escandaloso intento del gobierno de comprar a sobreprecio pruebas de coronavirus Covid-19 a una empresa sin experiencia sanitaria y con vínculos al Partido Nuevo Progresista.

Para la vista pública de hoy, que dirigirá el presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales, también están citados el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El pasado miércoles, le tocó el turno de declarar al coordinador del “task force” médico, Segundo Rodríguez Quilichini, a quien anteriores deponentes habían señalado como la persona que dio la directriz para que se realizara la orden a un costo de $38 millones.

Sin embargo, el también rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico –a quien estudiantes y profesores le han pedido la renuncia tras retirarle la confianza por el escándalo en medio de la pandemia– le echó la responsabilidad al Departamento de Salud en un testimonio en el que se se mostró evasivo, a la defensiva y, en ocasiones, contradictorio.

Asimismo, desmintió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced al asegurar que había “muchas cosas para mejorar” en la compra con la compañía Apex, que pretendía traer un millón de pruebas rápidas desde Australia en cinco días. La mandataria realizó una conferencia de prensa para defender el fallido intento y opinar que se había manejado adecuadamente.

También, respondió con evasivas cuando Morales lo confrontó con un mensaje de Salgado en el que dice: “acuérdate que toda compra final debe ser autorizada por Segundo Rodríguez”.

Días antes, la ex secretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, y la empleada Mariel Rivera declararon que le presentaron en el Centro de Manejo de Emergencias a Rodríguez Quilichini la millonaria cotización de la compra de Apex y que fue él quien les ordenó que adjudicaran el contrato con la compañía.

Además, el pasado 16 de abril, Rosa refutó las alegaciones de Rodríguez Quilichini, quien, en una carta al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se desentendió de la millonaria compra y dijo que fue el personal de Salud el que la hizo y que la entonces secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo, estaba al tanto “de todos estos esfuerzos”.

Pero, la testigo declaró que la aseveración del doctor Rodríguez era falsa: “Claro, porque yo estuve allí. La doctora nunca tuvo ante su consideración esa propuesta”.

Rosa sostuvo que desde el 24 de marzo recibió instrucciones de evaluar la propuesta que les sometería a nombre de Apex, Juan Maldonado, el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares y quien tuvo que dimitir tras prestar una lancha que ofrece servicios a los residentes de Vieques y Culebras para la celebración de una boda.

Quiñones de Longo renunció al cargo el 26 de marzo, el mismo día en que se adjudicó el polémico contrato.

Por otro lado, en las vistas públicas ha salido a relucir vinculaciones con La Fortaleza con nombres como la asesora Mabel Cabeza; la subsecretaria la Gobernación, Lilliam Sánchez; y la ayudante especial de la gobernadora Marisol Blasco, quien habría llamado a la exsecretaria de Salud exigiéndole que firmara en 20 minutos un contrato para la compra de respiradores que llegarían semanas después y que en el mismo lapso de tiempo se presentara a la Mansión Ejecutiva.