La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) evalúa la participación de Juan Maldonado en la controversia que rodea al abortado contrato de $38 millones de APEX General Contractors para la compra de pruebas del COVID-19 y en el chat de mensajes de texto celebrando la cuestionable transacción con el presidente de la empresa, Robert Rodríguez López.

Maldonado es objeto de una investigación en la OEG a raíz su salida en febrero 2019 de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en medio de otra polémica por facilitar lanchas a invitados de una boda privada en Vieques, dejando sin transportación a residente de la Isla Nena. La nueva información que ha transcendido públicamente, que ubica a Maldonado gestionando el millonario contrato de las pruebas, podría provocar una nueva investigación en la OEG.

Abogados de la agencia evalúan la información que ha trascendido públicamente, confirmó a Primera Hora la portavoz de la OEG, Jenniffer Rodríguez Ayala.

“Este es un asunto que los abogados de la oficina han estado evaluando según la información ha ido surgiendo”, indicó Rodríguez Ayala.

En el chat de 72 páginas que está en poder de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, se hace referencia con palabras soeces a un tuit que de una cuenta a nombre de “Ricardo Llorandi”.

“Solo espero que Juan Maldonado pidiera la debida dispensa a Ética Gubernamental, dado que la empresa para la que hoy trabaja tenía contrato con la agencia para la cual él trabaja”, dice el tuit del pasado 5 abril, según el intercambio de mensajes de texto.

“Tranquilo, eso es un hijo de ... Me tratarán de joder pero yo no era el titular", comentó Maldonado en el chat sobre el referido tuit.

Rodríguez Ayala indicó que la OEG inició una investigación contra Maldonado luego de su salida de la ATM y sostuvo que, de acuerdo con la ley, la agencia tiene dos años y medio para culminar la investigación.

“Esa investigación continúa activa, no ha culminado”, indicó la portavoz.

Maldonado, según su propio testimonio en días pasados a la Comisión de Salud, llegó a tener “cinco sombreros” en el gabinete de Rosselló. Además, de director ejecutivo de la ATM, era asesor legal del Departamento de Transportación y Obras y dirigía la Administración de Transporte Integrado (ATI).

La ley orgánica de la OEG provee para que la agencia tome jurisdicción de todo servidor público de la Rama Ejecutiva aun cuando haya salido del servicio público. Si cometió una violación a la ley de la OEG, mientras era servidor público la oficina no pierde jurisdicción.

El Artículo 4.6 sobre restricciones para las actuaciones de los exservidores públicos establece que un ex servidor público no puede intervenir ni asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad a una persona privada o negocio sobre aquellas acciones oficiales en las que intervino como servidor público.

Otro inciso de la ley dispone que un servidor público no puede durante los dos años siguientes a la fecha de su empleo gubernamental, intervenir, cooperar y asesorar en forma alguna a una persona privada o negocio ante la agencia para la que laboró.