La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció hoy que ante la emergencia que ha suscitado el COVID-19 radicará una moción en el Tribunal Federal de San Juan para que se aplace “hasta nuevo aviso” la vista en la que se considerará el propuesto plan de ajuste fiscal de reestructuración de la deuda pública de $35 mil millones del País.

“Puerto Rico, al igual que el resto del mundo, enfrenta una difícil realidad a la luz del COVID-19. En respuesta a este brote, la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha tomado medidas importantes para proteger a los residentes de la isla. La Junta de Supervisión está de acuerdo con que la salud y seguridad del pueblo de Puerto Rico debe ser la prioridad en este momento”, indicó la JSF en declaraciones escritas.

El organismo, creado al amparo de la ley federal Promesa, reclamó que sus recientes acciones “han ayudado al gobierno a prepararse para afrontar esta crisis, incluyendo la creación y el uso del Fondo de Emergencia, así como un alivio temporero mediante la eliminación del Impuesto de Ventas y Uso a ciertos artículos”.

No obstante, reconoció que por el impacto del coronovarirus y la incertidumbre en cuanto al tiempo que tomará superar la pandemia, las mismas no son suficientes.

“Hace menos de un mes, la Junta de Supervisión presentó una propuesta del Plan de Ajuste para reducir la deuda del Gobierno de Puerto Rico significativamente. No obstante, en vista de la realidad que vive Puerto Rico hoy, la Junta de Supervisión entiende que, en este momento, tanto el gobierno como la Junta, deben poner todos sus esfuerzos en sacar a Puerto Rico de esta desafortunada crisis”, sostuvo en las declaraciones escritas.

Indicó la Junta que en los próximos días sostendrá conversaciones con líderes del gobierno “para identificar soluciones financieras y de política pública que sean razonables y significativas”, dirigidas a mantener la seguridad y el bienestar de la Isla. “Laborando de forma colaborativa con el gobierno, la Junta de Supervisión proveerá un apoyo apropiado y necesario para aquellos afectados como resultado del COVID-19, y para los que no son elegibles para ayuda federal”, expresó la JSF.

No obstante, aclaró que, “en aras de proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico, hará los señalamientos pertinentes contra aquellas acciones que vayan en detrimento de una política pública prudente y fiscalmente responsable”.

“Durante estos tiempos tan difíciles, los sectores de liderazgo de la isla están avanzando a la altura del desafío ante sí, proveyendo soluciones razonables, exhaustivas y sostenibles ante una realidad sin precedentes. La Junta de Supervisión es una parte integral de este proceso y está comprometida con esta función. El pueblo de Puerto Rico no se merece menos”, agregó el organismo, cuyos integrantes son nombrados por el Congreso de Estados Unidos.