La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó la legislación aprobada para conceder un bono de hasta $500 a aquellos empleados públicos que hayan laborado de manera presencial en la emergencia provocada por el coronavirus y que no hayan recibido estipendios del gobierno estatal.

El Proyecto del Senado 1578, que otorga el mencionado bono de productividad a aquellos trabajadores gubernamentales que hayan estado activos durante el periodo de 16 de marzo hasta el 25 de mayo (fecha en que concluye el toque de queda vigente), y que no hayan recibido alguna otra remuneración especial o bonificación del gobierno estatal relacionada a su trabajo durante la situación del COVID 19, fue aprobada por el Senado el pasado 4 de mayo.

La medida está ante la consideración de la Cámara de Representantes.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez y a los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez, en la que indica que “legislar bonos adicionales para empleados del gobierno, quienes han estado recibiendo sus salarios en su totalidad y, especialmente, cuando miles de empleados han sido despedidos en el sector público, coloca la posición financiera del gobierno en mayor riesgo”.

El Departamento del Trabajo, que ha tenido un pobre desempeño en el manejo de las reclamaciones por la pérdida de empleos, maneja 239,611 reclamaciones iniciales de desempleo.

El ente federal recordó, además, los millones de dólares aprobados en ayudas para Puerto Rico. “En consecuencia, la Junta de Supervisión considera que el Proyecto 1578 no debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, ni firmado por la gobernador, ya que es una duplicación de las medidas tomadas hasta ahora para ayudar trabajadores públicos de primera línea”, añadió Jaresko.

La medida es de la autoría del senador William Villafañe Ramos, quien había indicado que el recurso estaba enfocado en hacer justicia y que no afectaba el presupuesto de las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas. Se refiere específicamente a empleados público que acudieron físicamente a sus trabajos y que no recibieron estipendios como los que se otorgaron a las enfermeras, policías y personal de primera respuesta.

En comunicación escrita se había informado que los fondos provendrían “de cualquier sobrante de las asignaciones presupuestarias de las agencias para conferir esta bonificación especial de manera uniforme entre los empleados que cumplan con lo requerido. Dicho beneficio no será aplicable a funcionarios electos ni a aquellos nombrados directamente por la gobernadora”.