En medio de reiteradas y enfáticas exhortaciones a que el gobierno implemente cuanto antes reformas estructurales significativas, de manera que pueda ser más eficiente y proveer mejores servicios a un menor costo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este miércoles el nuevo plan fiscal revisado, con el consenso unánime de sus miembros reunidos de manera remota a través de una aplicación virtual.

De hecho, la dilación en la implementación de reformas estructurales fue una de las razones principales que argumentó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, al momento de rechazar aprobar la versión de plan fiscal sometida por el gobierno de Puerto Rico.

El plan fiscal 2020 aprobado por la JSF expone guías específicas y calendarios de implementación, “mucho más detallados”, para lograr esas reformas estructurales, tanto a nivel del gobierno como en algunas agencias en particular, como el Departamento de Educación y el Departamento de Salud.

“Tenemos que cambiar la forma de hacer gobierno. Y ese es el llamado en el plan fiscal”, subrayó José Carrión III, presidente de la JSF, en un intercambio con la prensa al terminar la extensa reunión virtual.

“Hay que preguntarnos como pueblo qué podemos hacer distinto, y el plan fiscal pide esos cambios a través de reformas estructurales, para que no nos encontremos en esta situación de aquí a unos años, cuando el día de mañana los fondos federales se agoten. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y esperamos que el gobierno, el gobierno que sea, implemente una gama de reformas estructurales para cambiar la trayectoria de Puerto Rico y promulgar el desarrollo económico, sin una dependencia absoluta a los fondos federales. Y eso aplica a los municipios y al gobierno central”, agregó Carrión.

El plan ofrece lo que podría verse como un periodo de gracia de un año, para que el gobierno logre poner en vigor esas reformas. Durante ese tiempo no se impondría ninguna reducción de personal ni se reducirá significativamente el presupuesto del gobierno y las agencias, así como tampoco se reduciría el subsidio gubernamental a los municipios. Más aun, el plan contempla posibles incentivos para la implementación de dichas reformas, como un fondo de $22 millones anuales por cinco años “para apoyar a los municipios que, voluntariamente, logran ahorros y consolidan sus servicios en una región”.

“No hay más tiempo que perder. Crisis tras crisis, y ahora con este parón económico, el gobierno tiene que redoblar sus esfuerzos. No hay tiempo, las cosas solo se van a poner peor, no van a mejorar. Y cuando se ponen peor, no tenemos el lujo, el espacio, la oportunidad de esperar. No es que esperemos que se haga todo en un año. Pero sí se tiene que hacer todo lo más que se pueda, porque la gente de Puerto Rico sencillamente no puede seguir esperando, y la economía no puede sufrir más”, insistió Jaresko.

El plan incluye además unas partidas separadas para impulsar algunas iniciativas, tales como el desarrollo de becas para la Universidad de Puerto Rico, o el desarrollo de la capacidad tecnológica para poder ofrecer internet de banda ancha a través de toda la Isla.

Todos los miembros de la JSF votaron a favor de la aprobación del plan fiscal 2020, con la excepción de Ana Matosantos, que no participó de la reunión.

La información sobre el nuevo plan fiscal ya está disponible en el portal oficial de la JSF.

Cabe destacar que el plan aprobado, tal como ya se había anticipado, toma en cuenta la nueva y sombría realidad económica que enfrenta Puerto Rico a consecuencia de la pandemia del Covid-19, y sus nuevas proyecciones varían significativamente de versiones anteriores.

Durante la reunión, los miembros de la Junta insistieron una y otra vez en la importancia de que gobierno, de una vez y por todas pusiera en práctica las reformas estructurales que llevan reclamando desde las primeras versiones del plan fiscal, y que entre otras cosas incluyen la consolidación de agencias y servicios.

“Los ajustes estructurales y de eficiencia del gobierno de Puerto Rico que son requeridos y que hemos enfatizado y esbozado en este plan fiscal como en otros, son críticos para el futuro, para mantener la expectativa de los servicios públicos que los ciudadanos requieren, independientemente del cualquier nivel de servicio de deuda. El margen de error se ha ido estrechando, al punto que ya no lo hay. Y las necesidades de ajuste y de eficiencia se hacen absolutamente críticas”, comentó José R. González.

La JSF se reiteró en evitar comentar sobre el futuro del plan de ajuste fiscal y la restructuración de la deuda, a pesar que las proyecciones de su plan fiscal apuntan a que habrá cinco años de decrecimiento económico y una caída de 65% en el superávit proyectado para el gobierno entre 2020 y 2032, de $23,000 millones a tan solo $8,000 millones. La pregunta sobre la restructuración de deuda y las negociaciones con los acreedores fue traída tanto por la prensa como por miembros del público en general, pero Jaresko eludió responder, insistiendo que por el momento toda la atención se estaba poniendo el plan fiscal.

Por otro lado, aunque durante la reunión algunos miembros de la Junta hablaron de velar por las pensiones y el bienestar del pueblo, Primera Hora preguntó si habría salvaguardas específicas a para garantizar eso, y la respuesta que ofreció Jaresko fue que “la única verdadera salvaguarda para las pensiones, cuando miras a 30 años, será el crecimiento de la economía. Así que solo implementando las reformas estructurales necesarias y haciendo crecer la economía y los ingresos se puede salvaguardar por completo las pensiones”.

Andrew Biggs abundó al respecto, recordando que la Junta no ha propuesto cambios adicionales a las pensiones, más allá de los que se habían propuesto anteriormente. Coincidió “por completo” con la opinión de Jaresko en que, “a largo plazo, dado que las pensiones están en sistema de ‘PayGo’, que quiere decir que se pagan directamente del dinero que se recauda de impuestos, la verdadera salvaguarda de las pensiones es la capacidad del gobierno de pagar esos beneficios, y eso va a depender de la fortaleza de la economía y la eficiencia en el sistema de cobro de impuestos”.

La Junta pide cuentas sobre contratos relacionados al Covid-19

En otro asunto que salió a relucir en la reunión, trascendió que la JSF ha hecho un amplio pedido de información sobre los contratos de compra relacionados con la pandemia del Covid-19, incluyendo los polémicos contratos de compras de pruebas y otros suministros y equipos médicos hechos por el Departamento de Educación.

“Estamos en el proceso de contactar ciertas agencias para que entreguen esa información. Ya contactamos al Departamento de Salud, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). De las tres, solamente OGP ha entregado información. Así que vamos a lidiar por separado con el Departamento de Salud y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Aparte de eso, todas las agencias del gobierno se supone que nos envíen copias de los contratos que han hecho durante este periodo de emergencias. Hemos recibido muchos. Pero vamos a contactar varias agencias en particular, porque muchos de esos contratos que se hicieron en ese periodo no estaban en cumplimiento con la orden ejecutiva, por ejemplo con respecto a los términos o en la divulgación de contribuciones de campaña”, explicó Jaime El Koury, consejero legal de la JSF, aclarando que el objetivo de ese pedido de información era revisar y recomendar un proceso de contratación con mejores prácticas.

Sin embargo, Carrión, abundó que, “si no proveen la información, la ley nos da la autoridad para forzar la entrega de esa información. Esperamos que no se llegue a eso, que ocurra de manera más amigable posible. Pero es importante que se recuerde que esa autoridad en ley existe”.