La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sostuvo este martes una extensa reunión pública en la que dio un ultimátum al gobierno para que complete y presente de una vez los estados financieros auditados de los años fiscales 2017, 2018 y 2019, y al mismo tiempo ponga al día los de 2020 y 2021.

La reunión sirvió además para abordar otros temas y para que José Ramón González presentara oficialmente su renuncia a la Junta, con un apasionado discurso en el que, defendió la ley federal Promesa y pidió que no la vieran como una ofensa sino como un mecanismo para salir adelante, condenó la inacción y falta de colaboración del gobierno, y además llamó a la sociedad civil en general a ser “más exigente con el gobierno”.

Como parte de los trabajos, Carlos M. García quien fungió como presidente de la JSF, recordó que hace un mes se le solicitó al secretario de Hacienda, Francisco Parés, y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y representante del gobierno ante la JSF, Omar Marrero, que presentaran el plan en el que debían delinear la entrega de los muy esperados estados financieros auditados.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, subrayó que, al día de hoy, todavía el gobierno no ha entregado los estados financieros auditados del 2017 y los años subsiguientes, y “no hay expectativas de que vaya a hacerlo en un futuro cercano”.

Jaresko indicó que la propuesta presentada por el gobierno “no cumple con las expectativas” y no resuelve el problema de la dilación en la entrega de los estados financieros auditados, antes de enumerar una serie de insuficiencias que tenía, así como algunos aspectos en los que la JSF coincidía. La directora ejecutiva de la JSF, entre otros aspectos, avaló el reclamo del secretario de Hacienda sobre la necesidad de fortalecer los recursos de la agencia en su departamento central de contabilidad, así como la necesidad de estandarizar procesos a través de las diferentes agencias del gobierno.

Sin embargo, ante el descuerdo de la JSF con la propuesta del gobierno, Jaresko presentó una propuesta con una serie de medidas correctivas, que el gobierno deberá acoger en los próximos 15 días para atender el asunto de los estados financieros auditados.

Como parte de esa serie de medidas que entregó al gobierno, estableció unas metas para la entrega de los estados financieros auditados: el de 2017 el próximo 31 de agosto; el de 2018 para el 30 próximo 30 de noviembre; el 2019 para el próximo 31 de diciembre, y fechas tentativas del 31 de marzo de 2021 para los estados del 2020; y el 31 de diciembre de 2021 para los del 2021.

“Entendemos que las propuestas del Departamento de Hacienda no cumplen con lo necesario para poder entregar los estados financieros auditados en las fechas propuestas”, expresó Jaresko, agregando que tendrían que adoptar varias de sus propuestas que estaba sometiendo la JSF para poder cumplir.

Jaresko subrayó que la JSF está en la mejor disposición de colaborar con Hacienda y añadió que se le estarían asignando $2 millones adicionales para contratar expertos para su departamento central de contabilidad.

El secretario Parés, a preguntas de miembros de la JSF, explicó que Hacienda tiene a muchos empleados trabajando de manera remota por la situación de la pandemia del COVID-19, y recordó que, como parte de la política pública no puede contratar personal adicional, lo que ha supuesto la contratación de más expertos externos, muchos de los cuales también han enfrentado dificultades y limitaciones asociadas a la pandemia.

Pero la JSF le respondió que “si bien es una situación desafiante, eso no significa que no se pueda hacer el trabajo”, y le recordó que “además es una realidad que están enfrentando toda las compañías y agencias en general”.

García y Jaresko le cuestionaron a Parés en qué punto estaba el reclamo con respecto a que todas las agencias del gobierno entreguen informes mensuales a Hacienda, en lugar de anuales.

Parés replicó que aun trabajaban en corregir ese problema. Argumentó que, si bien Hacienda podía imponer sanciones a las agencias que no cumplan, aun estaban en el proceso de establecer las nuevas reglas y posibles sanciones que se le impondrían a las agencias.

Antes los reclamos de la JSF por sus excusas y por no tener un plan con propuestas detallas como le habían solicitado un mes antes, Parés dijo que acogería las propuestas de la JSF y “veremos cómo se pueden poner en práctica”.

No obstante, el secretario de Hacienda insistió en que “me preocupa la poca disponibilidad de recursos” en la Isla, tanto en su agencia como entre auditores externos.

“Por supuesto que nos tomamos como prioridad este asunto, y vamos a mirar con detenimiento las propuestas de la Junta y ver cómo las implementamos”, sostuvo Parés.

Marrero lo secundó, subrayando que el gobierno estaba en la mejor disposición de apoyar al secretario de Hacienda, y que ciertamente la entrega de los estados financieros auditados es una prioridad que “estamos comprometidos en cumplir”.

Marrero añadió que ya trabajan en las regulaciones para que las agencias cumplan con la entrega de informes mensuales y agregó que una sanción posible para podría ser “AAFAF o Hacienda tome el control financiero de la agencia que incumpla con sus obligaciones”.

Comoquiera, García no pareció satisfecho y respondió que esas promesas “las hemos escuchado antes, y francamente la Junta de Supervisión está cansada de esto… Necesitamos que en 15 días traigan un plan, no de muchas páginas, sino un plan concreto para atender esto”.

En otro tema, la JSF abordó las oportunidades de desarrollo que se podrían presentar para Puerto Rico en el desarrollo de manufactura por medio de industrias farmacéuticas y de equipos y suministros médicos. El desarrollo de ese campo dentro de los Estados Unidos es tema de debate en Washington, luego que la pandemia del COVID-19 levantara preocupaciones sobre la cadena de esos suministros que provienen mayormente de China, India y algunos otros países, y que se ha visto severamente impactada durante la pandemia.

La JSF presentó un informe comisionado a Boston Consulting Group (BCG) sobre ese tema, y sus expertos indicaron que el estudio apunta a que Puerto Rico podría ser un lugar atractivos para esas empresas de manufactura farmacéutica y biomédica, aunque acotando que “cualquier resultado dependerá de cuál sea el enfoque final de lo que se apruebe en el Congreso”.

Los expertos de BCG dijeron que, mientras los legisladores en Washington deciden, Puerto Rico puede presentarse como opción aprovechando su experiencia con las empresas de renombre ya establecidas aquí, así como los productos que ya produce. En particular mencionaron que la Isla podría resultar atractiva para las empresas que se conocen por las siglas de CMO y CDMO (organizaciones de desarrollo y manufactura por contrato), que estarían en condiciones que asumir ciertas producciones para grandes empresas.

José Ramón González pidió que se trazara una estrategia específica para buscar atraer esa inversión en manufactura de farmacéuticas y equipos médicos a la Isla, moción que fue secundada por todos los miembros de la Junta que participaban de la reunión.

La JSF tocó los temas de los planes de reducción y consolidación de las agencias del gobierno y las gestiones que ha llevado a cabo en Washington en favor de Puerto Rico en temas tan diversos como la asistencia por desempleo, leyes de cabotaje, fondos de Asistencia Nutricional, asistencia de Medicaid y l la extensión de créditos contributivos federales a residentes de la Isla.

Por último, luego de atender preguntas del público, José Ramón González pidió un turno para despedirse oficialmente como miembro de la Junta. Agredió que le permitieran trabajar en el ente fiscalizador y dijo se iba con sentimientos encontrados.

Hizo un llamado a “no vean Promesa como un castigo para Puerto Rico, sino como una herramienta para sacar a Puerto Rico de la bancarrota, a través de un mecanismo dirigido por la Junta de Supervisión Fiscal, que de otra manera no existiría”. Agregó que ese mecanismo había permitido una restructuración “justa y sostenible”, que tomaba en cuenta los mejores intereses del pueblo de PR, pero también los de los acreedores, que no podían ignorarse.

González no escatimó en sus críticas al gobierno. Subrayó que se había logrado poco progreso en algunos aspectos, como la entrega de los estados financieros auditados. Agregó que todavía persistía una gran resistencia a establecer reformas estructurales en el gobierno.

Sostuvo que, como respeto a las instituciones políticas de Puerto Rico, Promesa no creó una super junta que asumiera el control, sino una junta de supervisión para que colaborara con el gobierno. Lamentó que el gobierno “no ha entendido eso, y en lugar de trabajar de manera colaborativa, se ha envuelto de procesos adversativos que han llevado a litigios innecesarios, que ha producido más gastos y atrasado los procesos de restructuración”.

Asimismo, consideró era imprescindible “abordar la falta de capacidad administrativa y de toma de decisiones en las agencias del gobierno”. Sostuvo que “pagamos impuestos bastante altos, y debemos exigir responsabilidad y rendición de cuentas”. Agregó que hay que moverse más allá del “ay bendito y exigir acciones”.

“Hay que moverse hacia adelante. Tienen que dejar de sentirse agraviados. Tienen que aceptar la realidad y tomar responsabilidad en mover el país adelante. Las soluciones no van a llegar de Washington, D.C. si acaso vendrán acciones paliativas”, afirmó.

González culminó su mensaje de despedida con un singular llamado a la sociedad civil en general.

“A la sociedad civil, aquellos que no están ni estarán en el gobierno, a los ciudadanos, tienen que ser más exigentes con el gobierno, y evitar ser dependientes de acciones del gobierno. Hay demasiada dependencia a decisiones económicas del gobierno y eso lleva a complacencia y silencio para no molestar a quién está en el poder. Eso no puede seguir. Y no cambiará si no exigen que cambie”, afirmó.

Primera Hora le pidió a González abundar sobre el peculiar llamado.

“Yo creo que lo dije una forma bastante sencilla y directa. Me temo que con el pasar de las décadas el gobierno ha ido adaptando sus prioridades a las prioridades de grupos estrechos, de presión, que tienen intereses particulares y prioridades particulares; no teniendo como interés prioritario el bienestar amplio de la sociedad puertorriqueña, de la economía puertorriqueña, del crecimiento a largo plazo, sino de contestar algún reclamo que individualmente puede sonar simpático o justificado, pero que debería ser balanceado contra los reclamos competitivos y los recursos limitados que tiene que atender cualquier gobierno. Y con ello nos hemos movido más y más hacia un proceso político disfuncional, que no puede resolver muchos de los temas críticos del país, porque no vemos el bosque por enfocarnos en los árboles, por estar enfocados en intereses estrechos”, comentó.

“Y el problema que mencionaba es que la sociedad civil, ampliamente definida, y con eso no estoy hablando como se habla muchas veces del sector privado sino de la sociedad civil que incluye más que el sector privado, se queda corto en sus reclamos, se queda corto en sus requerimientos. Quizás el verano pasado fue una excepción a ello, en unas circunstancias de crisis política muy particular. Pero cuando llegamos a temas económicos importantes, en decisiones que afectan a largo plazo, nos está siendo sumamente difícil en Puerto Rico pensar en ese largo plazo por tratar de no afectar ningún interés en el corto plazo. Bueno, pues, la realidad es que no tenemos recursos ni capacidad para atender todos los reclamos a corto plazo. Pero sí tenemos capacidad para balancear y equilibrar los intereses de diferentes grupos y tratar de buscar soluciones que a largo plazo sumen, y no resten, para beneficio de todos”, agregó.