El representante José Luis Rivera Guerra, a quien el Partido Nuevo Progresista (PNP) sacó de su papeleta legislativa por los señalamientos e investigaciones que enfrenta, se desafilió este viernes de la Palma convirtiéndose así en un legislador de minoría.

Rivera Guerra, quien es investigado por la Oficina del Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente, le notificó su desafiliación a la vicepresidenta del PNP y presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, a través de una carta enviada hoy mismo.

La líder cameral explicó que, al desafiliarse de la Palma, el legislador renunció también a la delegación y al caucus de mayoría en la Cámara y a la presidencia de la Comisión de Turismo.

En una comunicación escrita en la que confirmó la movida del legislador, González informó que la presidencia de esa comisión pasaría a manos del representante por el distrito 4 de San Juan, Víctor Parés, quien llenó la vacante que dejó Liza Fernández al resultar electa como senadora por el distrito de la capital.

 "El representante Rivera Guerra queda, además, fuera del caucus de mayoría y tendrá una reducción en su presupuesto. El compañero pasa a ser un representante de minoría a partir de hoy mismo", puntualizó González Colón.

Rivera Guerra ha estado bajo fuego desde que trascendió que recibía agua potable en una residencia en Moca sin ser abonado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por irregularidades en la construcción de una piscina en una vivienda en Aguadilla, y por no tener los permisos correspondientes de una de sus dos casas. Estos señalamientos propiciaron un proceso ético en la Cámara de Representantes, que culminó con una amonestación pública.

El Departamento de Justicia también investigó los señalamientos y el martes pasado refirió el caso al PFEI, un día después que el Tribunal Supremo reiterara una determinación del Tribunal Apelativo que deja a Rivera Guerra fuera de la papeleta del PNP.

El abogado de legislador, José Rolando Santiago, dejó entrever lo que podría ser el plan de su cliente: acoger una candidatura por nominación directa.

“No he podido conversar con Rivera Guerra. Esa decisión (de desafiliarse) la han tomado él y su gente. Yo lo represento en el caso (judicial). Si se desafilió pues ya no va a acudir a los tribunales, ya correría distinto, si es lo que va a hacer, si es que va a correr 'write in', que creo que es lo que va a pasar", indicó Santiago.

Aunque el representante no ha expresado si aspirará como candidato independiente o por nominación directa, varios líderes de la Palma coincidieron en que, si lo hace, no tendrá un efecto significativo en el apoyo que recibirá la persona que aspire a sustituirlo como representante por el distrito 17.

"El PNP en este distrito sabrá utilizar las estrategias para reenfocar una candidatura sólida de cara a las elecciones y volver a ganar en uno de los bastiones con una gran mayoría como la que tenemos ahí. En ese esfuerzo el PNP cuenta conmigo como presidenta de la Cámara y como vicepresidenta del PNP para que volvamos a ganar", indicó la presidenta cameral.

El secretario general del PNP, Omar Negrón, se expresó de forma similar.

 “Yo estoy seguro de que el partido va a mantener ese escaño con la persona que se escoja próximamente (para que figure en la papeleta). Estoy seguro de que la persona que se escoja será muy querida y respetada en la zona. El ese distrito ser donde el PNP gana con mayor ventaja, estoy seguro de que vamos a mantener el escaño”, indicó el funcionario novoprogresista.

En las elecciones del 2008, en las que aspiró bajo la insignia de la Palma, Rivera Guerra resultó electo con 27,909 votos o 59.26% de los electores, según el archivo electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El candidato popular, Héctor “Mol” Ibáñez, quedó en segundo lugar con 16,871 votos o 35.82% del apoyo.

“No hay ninguna posibilidad de que pueda entrar como candidato independiente o 'write in' (nominación directa), de que pueda resultar electo, lo que pudiera causar división, y estoy seguro de que todo el electorado está muy consciente de eso, y no lo va a permitir”, agregó Negrón.

Al referir el caso al PFEI, la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, indicó que existe causa suficiente para creer que el legislador incurrió en delitos al no divulgar información sustancial, como el costo, el gasto y la deuda incurrida en la construcción de la piscina en su residencia en Aguadilla en los informes financieros que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) correspondientes a los años 2007 al 2010.

En su informe, Justicia también concluyó que Rivera Guerra violó la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico al utilizar como residencia principal una estructura sin el permiso de uso que expide la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), y que, con relación al servicio de agua potable, el legislador incurrió en delito menos grave al tener una derivación en violación a la ley y reglamentos de la AAA.

El legislador también enfrenta una demanda por cobro de dinero por la construcción de la piscina en su casa de Aguadilla. Presuntamente debe $8,800.

Había trascendido que el contratista William Rivera construyó la piscina supuestamente a cambio de que el representante lo ayudara a conseguir un préstamo de $174,000 con el Banco de Desarrollo Económico (BDE), que le fue denegado.