José Luis Rivera Guerra ataca a Luis Fortuño
Rivera Guerra afirmó que tiene la "frente en alto".
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
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El representante José Luis Rivera Guerra afirmó hoy que el nombre del gobernador Luis Fortuño es una carga mayor en la papeleta del Partido Nuevo Progresista que el suyo.
"Si yo le hago carga al partido para las elecciones, más carga le hace el gobernador con su nombre y los millones de dólares que ha gastado en el gasoducto, que es lo que el candidato (Ángel) Rosa está exigiendo en el día de hoy", dijo el legislador al rechazar que represente una carga para el Partido Nuevo Progresista (PNP).
Rivera Guerra afirmó que tiene la "frente en alto" y adelantó que "vamos a seguir en pie de lucha, porque estamos en lo correcto y no podemos claudicar ante las convicciones que nosotros defendemos, tanto en nuestro distrito como en el caso personal".
Insistió en que no hizo nada ilegal y que sus cuentas y documentos están al día y en orden.
Rivera Guerra hizo las expresiones al anunciar que su representación legal solicitó hoy al Tribunal de Apelaciones que deje sin efecto la sentencia que emitió ayer descalificándole para integrar la papeleta del PNP en las próximas elecciones.
El recurso lo fundamentan en que el Tribunal no tenía jurisdicción para emitir su decisión debido a que el caso está sometido y sin decisión en el Tribunal Supremo.
El caso, indica en su moción el abogado José Rolando Santiago, lo elevó al Supremo el propio PNP en una solicitud de certificación intrajurisdiccional.
La Palma inició un proceso de descalificación contra Rivera Guerra luego que una investigación de El Nuevo Día destapara las múltiples irregularidades en las que incurrió el legislado al recibir servicios de agua potable y de electricidad sin ser cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); tener por años dos residencias sin inscribir en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) ni pagar contribuciones por ellas y haber construido su residencia de Aguadilla sin permiso de construcción y, por tanto, no tener el permiso de uso que expedía la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), hoy Oficina de Gerencia de Permisos.