La Junta de Supervisión Fiscal recibió hoy una sacudida que la dejó en cierta incertidumbre, luego que su presidente, José B. Carrión III, y otro de sus miembros, Carlos M. García, anunciaran ambos que no continuarán formando parte del ente fiscalizador nombrado por el Congreso bajo las disposiciones de la Ley Promesa, para supervisar el gobierno de Puerto Rico mientras se lleva a cabo el proceso de restructuración de su voluminosa deuda que lo llevó a la quiebra.

La vista pública de la JSF era principalmente para exponer el próximo presupuesto que regirá en Puerto Rico, que por cuarto año será el que decide la Junta luego que el gobierno fallara en someter uno que cumpliera con las exigencias del plan fiscal dispuesto por el ente fiscalizador.

Sin embargo, el anuncio de las renuncias se llevó la atención, más aún cuando Carrión, a preguntas de Primera Hora, sostuvo que no tenía claro cuál será el proceso para nombrar los nuevos miembros.

Además, Carrión anticipó que al menos otro miembro también presentaría su renuncia a continuar siendo parte de la Junta, aunque declinó revelar el nombre.

“Cuando fui designado, me comprometí a servir un término de tres años, y he aquí que pronto cumpliremos cuatro, este próximo agosto”, comentó Carrión, quien estará en su cargo hasta el 5 de octubre próximo o cuando el Presidente y Congreso designen a su sucesor, lo que sea que ocurra primero.

Agregó que trabajar para el ente fiscalizador ha sido “el trabajo más desafiante, difícil y exigente que haya tenido jamás en mi carrera profesional”.

“Sin embargo, y sin reparos, debo decir que servir como presidente de la Junta de Supervisión también ha sido el que mayor oportunidad me ha dado de contribuir positivamente a Puerto Rico”, sostuvo Carrión.

Por su parte, García dijo que “le he notificado a la Casa Blanca que luego de cuatro años en la Junta de Supervisión, no estaré disponible para servir otro término”, y agregó que “ha sido un honor trabajar al lado de mis compañeros miembros de la Junta, y estoy orgulloso de lo que se ha logrado en estos cuatro años de circunstancias bien complicadas”.

García estará en la JSF hasta el 31 de agosto próximo.

A preguntas de la presa, Carrión explicó que no tenía certeza de cómo sería el proceso para remplazar a los miembros salientes de la JSF.

“Ya a la Casa Blanca se le ha notificado. Por el lado republicano, con el cual yo tengo más injerencia, pues he podido constatar y opinar sobre personas que ellos tienen en mente para la posición. Pero realmente el proceso es algo incierto, porque será uno en que tendrá que colaborar la presidencia con el Congreso, y ustedes conocen que estamos en una época bien polarizada y un proceso político. Confieso que no tengo precisamente claro cómo se va a llevar a cabo el proceso y no conozco dónde están los demócratas en ese sentido”, comentó Carrión.

En lo que podrían verse como unas palabras de despedida, Carrión aprovechó para agradecer la colaboración de los miembros de la Junta y, y aseguró que “juntos hemos tomado literalmente cientos de decisiones difíciles pero justas para beneficio de nuestro pueblo, casi todas ellas de forma unánime”. Recordó que los miembros de la Junta han hecho ese trabajo “sin compensación monetaria alguna”.

Haciendo un repaso de logros, el presidente de la JSF dijo sentirse orgulloso “especialmente de haber podido defender las pensiones de todos los empleados públicos, a pesar de la insolvencia de los sistemas públicos de pensiones”, y también destacó haber logrado la certificación de “planes fiscales y presupuestos responsables, con controles apropiados, independientemente de consideraciones políticas”, así como una restructuración de la deuda pública que le ha ahorrado al pueblo “miles de millones en principal e intereses”.

Sin embargo, Carrión no tuvo reparos en hablar de “decepciones” y disparar críticas tanto contra el gobierno local como el federal.

Condenó “la falta de compromiso y voluntad política para implementar reformas estructurales” del gobierno de Puerto Rico, y aseguró que “a Puerto Rico no le faltan recursos humanos, ni capital, ni ideas, ni planes, ni estudios para mejorar su economía. Lo que le falta es la determinación para implementar estas reformas transformacionales para beneficio de nuestra gente”.

En cuanto a la escena federal, Carrión mencionó que “en momentos fue extremadamente frustrante tener que continuamente educar a personal de ambas ramas, porque cambiaba, el ‘turnover’ era una cosa constante, y el tema de Puerto Rico no es el tema principal, lógicamente”.

Carrión reconoció que la Ley Promesa “ha sido y es una imposición del gobierno federal sobre Puerto Rico”, pero agregó que “es también un salvavidas y una herramienta que ha evitado que Puerto Rico se ahogara en un mar de deuda”,

“Ciertamente (Promesa) no es perfecta, pero si se utiliza apropiadamente, puede continuar ayudando a nuestro gobierno a encontrar la salida de su incapacitante deuda pública y establecer las bases de un futuro más próspero para generaciones de puertorriqueños”, sentenció Carrión.