La Cámara de Representantes aprobó esta tarde, a viva voz y tras un debate de cuatro horas, el proyecto denominado Ley Para un Retiro Digno que busca establecer una política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados públicos.

Junto con la medida (Proyecto de la Cámara 120), se aprobó otro proyecto de ley (P.C. 523) para reafirmar que la Asamblea Legislativa no dará paso a ningún recorte a las pensiones. Ambas medidas pasan al escrutinio del Senado.

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny’ Méndez Núñez” advirtió durante el debate, que si el gobernador Pedro Pierluisi no firma el proyecto de ley para un Retiro Digno, los legisladores de mayoría y minoría deben unirse para ir por encima del veto.

“Urjo a la Asamblea Legislativa, a la mayoría parlamentaria, a que, si hay algún abismo, incluso de vetar esta medida, que nos unamos todos y vayamos sobre el veto para de esa manera retar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y hacerle ver que esta es la Asamblea Legislativa donde se mantiene y se impone la política del gobierno de Puerto Rico”, expresó el ex presidente de la Cámara.

La medida comenzó a debatirse cerca de la 1:00 de la tarde y en las gradas de la Cámara había varios portavoces de los grupos de jubilados del gobierno. La pieza legislativa, de la autoría de la representante Ramos, se aprobó el pasado año en la Cámara, pero el Senado la enmendó y Ramos no estuvo de acuerdo por entender que se cambiaba el espíritu de la pieza legislativa. En su nueva versión, la medida tiene 35 coautores.

“No solamente debemos quedarnos dando este paso (la aprobación de la medida) que es una continuación del pasado año con la iniciativa de la compañera Lourdes Ramos”, sostuvo Méndez Núñez.

Méndez Núñez dijo que ante “la amenaza de la JSF, dando una orden al gobernador de que no firme esta medida, le estamos enviando una comunicación de que la firme tan pronto sea llevada a su escritorio”.

El portavoz novoprogresisa le dijo al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández que “si es necesario que vayamos nuevamente a los tribunales a defender lo que es la autoridad de la Asamblea Legislativa de establecer la política del gobierno, que cuente con la delegación del PNP”.

“Es justo que aprobemos una medida como esta para resarcir los daños de una reforma al sistema de pensiones en el cuatrienio de 2013 a 2016 cuando se trastocó el sistema de pensiones que ya venía cojeando”, sostuvo Méndez Núñez.

“Me llena de felicidad escuchar a Johnny Méndez indicando que la delegación del PNP estaría dispuesta a irse por encima del veto del gobernador. Le voy a tomar la palabra y en el momento que sea necesario así mismo lo recodaré y se lo exigiré”, dijo por su parte, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

La representante Ramos, por su parte, también exhortó a la mayoría popular a ir por encima del veto, si Pierluisi no convierte la medida en ley.

“No podemos responder a a amenazas de una Junta que está gastando el dinero nuestro. La Junta es producto de las contribuciones y yo también pago contribuciones... No hay ningún jubilado millonario”, sostuvo la legisladora novoprogresista.

Ramos explicó que el P. de la C. recibió enmiendas técnicas y dijo que la enmienda principal, aumenta de 15 a 17 la representación de maestros y pensionados en el fideicomiso para la administración conjunta de los sistemas de retiro, que se crea con la ley.

Ramos Rivera agregó que la medida tiene el aval de organizaciones sindicales que agrupan a jubilados del gobierno.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García dijo que el propósito de la legislación es defender a los ciudadanos frente a la intención de seguir recortándoles las pensiones.

“Con esta medida impediremos que se incluyan en ningún plan de ajuste de deuda de las pensiones de nuestros pensionados”, sostuvo Torres García, cuya comisión rindió un informe positivo de ambas medidas.

Dijo que el P.C. 120 busca establecer una política pública de retiro digno y uniforma la política pública de las pensiones, uniforma tanto las pensiones de los empleados, maestros y la judicatura. “Establecemos como política pública cero recortes a las pensiones”, indicó Torres García.