La senadora Joanne Rodríguez Veve le urgió al gobernador Pedro Pierluisi a que convierta en ley el Proyecto del Senado 728, medida de su autoría que implementaría un programa para el cobro de deudas morosas que las instrumentalidades del gobierno estata y federal mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, a la vez, evitaría aumentos al costo de la factura de la energía eléctrica.

Su petición mediante carta se da luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opusiera a la legislación y la catalogara como una que es inconsistente con los planes fiscales de Puerto Rico y la AEE y la Ley PROMESA.

“El análisis que ha hecho la JSF sobre el PS 728 es erróneo en derecho y malinterpreta el alcance de sus disposiciones para concluir de una manera forzaos que la misma está reñida con la Ley PROMESA y con el plan fiscal de la AEE”, reaccionó la senadora del Proyecto Dignidad en la misiva que dirigió al Primer Ejecutivo, así como al presidente del Senado, José Luis Dalmau; el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández; y al licenciado Jaime A. El Koury, de la JSF.

“El recelo de la JSF de tratar de impedir que se trastoque los planes fiscales de la AEE dirigidos a su transformación y privatización no puede funcionar como una pared de hierro que impida todo intento por parte de la legislatura de Puerto Rico de hacer más efectiva la capacidad del gobierno para poder planificar y enfrentar las fluctuaciones en precio de combustible”, agregó.

¿Qué dijo la Junta?

Según la JSF, el proyecto exigiría a todas las agencias, corporaciones, municipios y entidades públicas que presenten pagos dentro de los 30 días de la promulgación del Proyecto de Ley para todas las deudas pendientes con la AEE; permitiría a que la AEE y las entidades públicas instituyan planes de pago para deudas en exceso de $5 millones; y autorizaría al Departamento de Hacienda y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a deducir los montos de los pagos de las asignaciones del Estado Libre Asociado o de una entidad pública que no remita pago.

El ente fiscal también apuntó que la medida proporcionaría financiamiento al Fondo de Estabilización de la AEE a partir del cobro de deudas vencidas de entidades públicas, asignaciones y fondos federales; delegaría al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) la autoridad sobre el Fondo de Estabilización de la AEE y la autoridad reguladora para cobrar deudas y administrar el cobro de deudas; transferiría las obligaciones de deuda que, al 30 de mayo de 2021, aún estaban en disputa al balance general del Fondo de Estabilización de la AEE; y prevendría aumentos de tarifas, incluso según sea necesario para cubrir los gastos operativos “e, implícitamente, cualquier reestructuración de deuda para la AEE, excepto como última opción disponible”.

“Aunque la Junta de Supervisión reconoce la intención de la Legislatura de priorizar el cobro de cuentas por pagar pendientes adeudadas a la AEE por entidades públicas, el proyecto de ley tal como está redactado actualmente es inconsistente con los planes fiscales y perjudicaría y/o anularía los propósitos de PROMESA”, reiteró la JSF.

“Interpretación errónea”

Por su parte, Rodríguez Veve rechazó contundentemente la postura de la Junta, catalogando el análisis como “una interpretación errónea” al proyecto y dudando que los miembros de la JSF “hayan hecho una lectura profunda de la mediad y que entendieran la misma.

“Sólo como ejemplo señalamos que... la JSF hace mención...que el PS 728 autoriza a Hacienda y al CRIM a deducir pagos del ELA o del CRIM a entidades públicas en caso de que dichas entidades no emitan sus pagos. En ningún lugar del PS 728 se dispone tal cosa. De hecho, en ningún lugar del PS 728 se menciona al CRIM o tiene algo que ver con el CRIM”, arguyó la senadora.

Además, rechazó que el proyecto violente la paralización del proceso de quiebra al amparo de PROMESA o que tenga el efecto de que la AEE pierda posesión del dinero proveniente de las deudas no corrientes de las agencias, corporaciones públicas o municipios al 30 de mayo de 2021.

Por lo contrario, dijo que esta legislación, que también es de la autoría de los senadores Gretchen Hau, Ramón Ruiz y Juan Zaragoza, solo permitiría la creación de una estructura legal donde las deudas pasen a un fondo administrado por el NEPR con la asesoría directa del Departamento de Hacienda para mitigar las alzas en el precio de combustible o permitir compras de combustible por adelantado.

“Esas acciones de ninguna forma y manera caen fuera del marco de acción permisible para la AEE manejar sus bienes en consecución del bienestar de la corporación. El mitigar el alza del precio del combustible cae dentro del marco de operación de la AEE el tratar que el costo de la energía en Puerto Rico se mantenga lo más bajo posible, sin afectar la estabilidad del negocio, de manera tal que sus clientes puedan mantener sus cuentas y servicios al día. Además, a mayor costo energético menor será la demanda, por lo tanto, una estabilización de costo de energía favorece a la AEE en cuanto a su condición económica, lo cual es compatible con su plan fiscal”, explicó.

También, refutó que la legislación impida los acuerdos de pago vigentes al amparo de los planes fiscales aprobados.

“Es claro que el PS 728 autoriza al Negociado de Energía, en conjunto con el Departamento de Hacienda, a crear un marco regulatorio que vaya dirigido a implementar acuerdos de pago y vigencia de estos. Dicha reglamentación tiene que tomar en consideración los acuerdos de pago ya alcanzados y negociados al amparo de los planes fiscales vigentes, pues en ningún momento la medida tiene una disposición expresa que anule los mismos. Ahora bien, las disposiciones del PS 728 van dirigidas al pago de deuda que era líquida, exigible, no corriente al 30 de mayo de 2021 y que no estaba sujeta a acuerdo de pago previo, que no ha sido cuestionada o impugnada y que se encuentra presupuestada en los presupuestos de las agencias”, subrayó.

Mientras, aclaró que el proyecto establecería una política pública de que deudas de agencias estatales, federales, corporaciones públicas, municipios e instrumentalidades públicas paguen sus deudas corrientes con la AEE en 30 días.

Asimismo, dijo que la JSF “de manera totalmente equivocada hace alusión que la medida obliga al gobierno a hacer aportaciones al Fondo de Estabilización con fondos federales designados para otros propósitos”.

“En ningún lugar del PS 728 se requiere dicha acción por parte del ejecutivo o legislativo. Las asignaciones de fondos federales que podrían nutrir el fondo son aquellas que así lo permitan. De hecho, usted mismo gobernador Pierluisi Urrutia, tan reciente como en el mes de octubre de 2021 destinó cerca de 76 millones de fondos federales bajo la Ley ARPA para mitigar el costo del alza en el precio de combustible. Es precisamente a esas oportunidades que se refieren las disposiciones del PS 728″, sostuvo.

Por último, destacó que las disposiciones del proyecto de darle la capacidad al NEPR con la asesoría directa del Departamento de Hacienda de administrar el Fondo de Estabilización “en ninguna manera o forma va a impedir que el proceso de transformación y privatización de la AEE, según dispuesto en su plan fiscal”.

“Puerto Rico no puede quedarse de brazos cruzados siendo un simple espectador de lo que sucede en el mundo que afecta nuestra capacidad de tener acceso a combustible para que el sistema eléctrico de Puerto Rico pueda funcionar. Si no hacemos provisión para los tiempos difíciles que se avecinan, sufriremos como pueblo la inacción de aquellos que tenían el poder de actuar en bienestar del pueblo”, recalcó.