Aunque no ha tenido la oportunidad de leer el proyecto que busca limitar el derecho al aborto, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo que de lo que sí está convencida es “creo en el derecho a la vida”.

“He seguido el tema de lejos y lo pedí para leerlo”, sostuvo a preguntas de Primera Hora cuando se le solicitó una reacción a la discusión generada en los pasados días por el Proyecto del Senado 693, una pieza legislativa que pretende restringir el derecho al aborto cuando un médico determina que el feto es viable o cuando el embarazo ya ha cumplido 22 semanas de gestación.

¿Reconoce el aborto como un derecho?, se le preguntó.

“No sé qué es lo que dice el proyecto como tal y por eso quiero leerlo. Siempre he creído en el derecho a la vida. Hay una jurisprudencia federal que estipula cuándo se puede dar (la terminación de un embarazo)... establece unos términos y todo tiene que basarse en eso. Pero, vuelvo y repito, quiero ver cuál es el contexto del proyecto y lo que busca”, respondió.

Asimismo, González favoreció la celebración de vistas públicas para ampliar la discusión del tema.

“Las vistas públicas siempre enriquecerán la discusión del tema... este es un asunto discutido por décadas en Puerto Rico, no es un asunto novel. Tal vez, lo novel en el procedimiento son los términos que impone la medida, pero estas vistas no le hacen daño a nadie, fomentan la discusión y establecen los puntos de todas las partes. Para unos pudiera ser controversial y para otros no”, expresó la comisionada residente.

El Proyecto del Senado 693 fue presentado en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia que preside la legisladora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien no consideró meritorio realizar vistas públicas para rendir un informe positivo de la medida y llevarlo a la consideración del pleno.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, estuvo de acuerdo con la dinámica y apoyó públicamente la medida expresando que considera “asesinos” a las personas involucradas en la terminación de un embarazo ocurrido luego de la semana 22 de gestación.

Ante las fuertes críticas recibidas, el presidente senatorial, Rodríguez Veve y el senador penepé Thomas Rivera Schatz emitieron una declaración conjunta diciendo que la medida se devolvería hoy a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia para la celebración de vistas públicas, una acción que reclamaban varios sectores. Algunos como la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Rivera Lassén, han expresado interés de que la medida sea aendida por al Comisión de la Mujer.

“En ánimo de que todo el mundo pueda reiterar sus opiniones y se pueda destacar datos muy importantes, apoyaremos la celebración de vistas públicas. Con ellas, provocaremos que la participación sea amplia, masiva y totalmente abierta. Algunos creen o insinúan que realizar vistas públicas cambiaría la opinión de quienes favorecen o de los que se oponen a la medida. El tiempo dirá”, expresó el trío de legisladores por declaración escrita.

Al momento, el proyecto tiene la oposición de diversas agencias y entidades, incluyendo al Departamento de Salud; el Departamento de Justicia; la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible; el Colegio de Médicos Cirujano; la organización sin fines de lucro PROGyn, Puerto Rico Obstetrics and Gynecology; y del Proyecto Matria, una de las cinco organizaciones de mujeres nombradas por el gobernador al comité de trabajo PARE creado mediante la orden ejecutiva que decretó en Puerto Rico un estado de emergencia por violencia de género.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, puntualizó que desde el 1976 el Tribunal Supremo Federal ha rechazado que se disponga mediante legislación un número específico de semanas para establecer la viabilidad de un concebido. En este sentido, Emanuelli opinó que no se debería establecer un término específico, sino que debería quedar a discreción del médico de acuerdo a las evaluaciones que se haga a la persona gestante y a sus circunstancias.

Además, enfatizó que el lenguaje de las disposiciones del proyecto no se ajusta a los estándares jurisprudenciales, por lo que considera que la medida debe ser modificada “para superar los cedazos constitucionales establecidos por nuestro ordenamiento”.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, objetó la medida en una ponencia entregada el 17 de marzo y en la que expone de entrada que los procedimientos de terminación de embarazo son comunes en todo el mundo y que se considera una situación “de salud pública” que resulta imperativo atender con servicios médicos de calidad.

“Se considera un avance fundamental para elevar los indicadores de bienestar en la población el poder proveer servicios relacionados con abortos, que sean efectivos, eficientes, accesibles, aceptables (centrados en las pacientes), equitativos y seguros”, sostuvo Mellado.

En Puerto Rico, tanto el aborto como la profesión médica son asuntos regulados. En el caso de abortos se trata de un ejercicio practicado por un médico con licencia expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

Mellado apoyó sus declaraciones ofreciendo los siguientes datos estadísticos recopilados en el 2021 por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC): “La inmensa mayoría de los abortos/terminaciones de embarazo se producen de manera temprana: “92.7% de los abortos se realizan en el período de 13 semanas o menos de gestación; un menor número de abortos (6.2%) se realizan entre las 14 y 20 semanas de gestación y aún menos (menos del 1%) se realizan luego de las 21 semanas de gestación”.

Además, criticó que la medida solo considere aceptar la terminación después de las 22 semanas únicamente cuando exista riesgo a la vida de la mujer. “El proyecto no toma en cuenta otras razones para una terminación luego de 22 semanas: graves anormalidades o malformaciones fetales, embarazos producto de violencia, poco acceso a servicios que hubieran viabilizado una terminación temprana; haber desconocido el hecho de estar embarazada, entre otros”, se expone en la ponencia.