Anque dijo reconocer el poder de investigar de la Asamblea Legislativa, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, se negó a contestar parte de las preguntas que se le hicieron durante su comparecencia hoy ante de la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga la respuesta del gobierno ante la crisis de terremotos en el suroeste de la isla.

“Nuestra capacidad de contestar las preguntas que se nos planteen durante la vista y de entregar documentos requeridos se verá limitada por las restricciones sobre divulgación de información que nos impone la ley”, dijo Longo Quiñones durante la vista.

De su parte, el presidente de la comisión especial, el representante Gabriel Rodríquez Aguiló, advirtió a la secretaria de Justicia que pedirá “so pena de desacato en el tribunal” que le entreguen a los legisladores el resultado de la investigación que hizo el NIE sobre los almacenes de Ponce.

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Dijo que continuará con el esfuerzo de que “no se limite a tener acceso al informe que se generó” sobre una “investigación administrativa y no criminal”.

Rodríguez Aguiló mencionó que lo que están solicitando es el informe antes de que fuera referido a Justicia y que será el Tribunal el que “va a decir hasta dónde podemos llegar con nuestro poder constitucional”.

Hoy también están citados ante la comisión el Director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, y el exsecretario de vivienda, Fernando Gil Enseñat.

Como han pasado en vistas anteriores los deponentes juramentan antes de ofrecer sus testimonios. Longo Quiñones debe contestar preguntas sobre el Informe Investigativo del Grupo Interagencial sobre los Almacenes de suministro en Ponce.

El pasado 18 de enero, se descubrió en un almacén de Ponce, decenas de suministros que pudieron ser usados para los damnificados del sismo en el sur y no se hizo.

Decenas de ciudadanos molestos entraron a un almacén en La Guancha, en Ponce, abarrotado de suministros desde el huracán María. El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, indicó que los artículos sobraron luego de la emergencia del sistema atmosférico.

Esto provocó varios despidos, entre ellos el del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo,

La funcionaria justificó su negativa a contestar preguntas basándose en que el Tribunal Supremo ha reconocido la constitucionalidad de establecer por ley la confidencialidad de la información obtenida durante los procesos investigativos de una entidad gubernamental.

También, citando el artículo 13 de la la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Longo Quiñones expresó que está impedida “de divulgar información obtenida como parte de una investigación mientras la investigación esté en curso”.

Agrega que la información puede ser divulgada una vez concluya la investigación.

La secretaria de Justicia reiteró ante la comisión especial que “el asunto objeto de la petición mediante la R. de la C. Núm. 1696, comprende información producto de gestiones investigativas confidenciales en curso que no puede ser divulgada. El informe requerido contiene y discute impresiones de los agentes investigadores y expresiones de posibles testigos que son productos de investigación”.