La jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Terilyn Sastre Fuente, rechazó hoy un proyecto de ley, que busca establecer que ninguna pensión sobrepase el 40% del ingreso mensual del alimentante, por esta carecer de un análisis o estudio que compruebe que la medida no atenta contra el bienestar de los menores.

Sastre Fuente indicó, además, que la agencia trabaja en un proceso de revisión de las guías de pensiones alimentarias. “Nuestra posición al proyecto en cuestión no es caprichosa ni arbitraria, está basada en que al momento de trastocar de manera significativa el establecimiento de pensiones alimentarias, debe hacerse basado en estudios socioeconómicos o actuariales que hayan evaluado todas las posibles situaciones”, dijo.

Al 7 de abril, en el país había 51,164 progenitores no custodios con atrasos en el pago de sus pensiones.

La funcionaria indicó que, según el Reglamento 8524, titulado “Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico”, el proceso de revisión de pensiones incluye encuestas, análisis de expedientes y la participación de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, quienes deberán examinar la información disponible al momento y emitir una recomendación al titular de Asume.

Este comité es el que actualmente trabaja en unas recomendaciones como parte del proceso de redacción de las nuevas guías que lleva a cabo la dependencia, el cual ha tomado más tiempo de lo provisto, reconoció Sastre Fuente. Dijo que ASUME gestionó un estudio socioeconómico en conjunto con Estudios Técnicos Inc. y la Universidad de Puerto Rico (UPR), pero los trabajos se han visto retrasados por los efectos del huracán María, los terremotos y la pandemia por Covid-19.

Estos eventos, agregó, afectaron la realidad económica del país y, a su vez, de los puertorriqueños. “Como han podido observar, el establecimiento de unas nuevas guías de pensiones alimentarias no es un mero número, capricho o ejercicio aritmético, sino que considera tanto la capacidad de pago de la persona no custodia como las necesidades del menor, basándose en todos los criterios antes mencionados”, señaló Sastre Fuente.

Destacó, sin embargo, que el proceso investigativo debe estar culminado para el 30 de junio de 2022.

Las nuevas guías que trabaja Asume sustituirían las que datan de 2014 y que fijaron una reserva de $615 mensuales para el padre no custodio. Esto significa que la pensión calculada a base de los ingresos de ambos padres y las necesidades del menor no puede tocar ese ingreso con el que se supone que los no custodios sobrevivan.

El Proyecto de la Cámara 1153 fue discutido hoy en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, Orlando Aponte Rosario, es también el autor de la medida.

Por su parte, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), se abstuvo de realizar comentarios respecto a los méritos de la propuesta legislativa. Sin embargo, en aras de contribuir con el proceso legislativo, mencionaron múltiples observaciones.

“Al establecer que en ningún caso la pensión puede ser mayor al 40% del ingreso neto del alimentante, la medida parece eliminar el grado de discreción que tiene el juzgador para que, en los casos que existan causas excepcionales, pueda establecerse una pensión que menoscabe ese tope porcentual conforme a las necesidades y al bienestar del menor”, destacó la licenciada de la OAT, Daniela Muñiz.

Según la ponencia de la OAT, el lenguaje que propone la legislación limitaría la discreción necesaria para que el juzgador “pueda cerciorarse de que conceder ese tope porcentual en un caso, con sus hechos particulares, no resultaría en menoscabo del mejor bienestar del menor de edad que se beneficia de la pensión alimentaria”.