El portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau anunció hoy tres nuevas medidas legislativas dirigidas a atender situaciones de la creciente población de adultos mayores.

El legislador abogó también por la aprobación de otro proyecto de ley de su autoría, que está pendiente en la Cámara y que busca aumentar la responsabilidad de familiares o tutores legales por el abandono de personas de la tercera edad en hospitales.

Esta medida, Proyecto del Senado 1085, fue aprobado en el Senado en septiembre de 2023, pero no se ha considerado todavía en la Cámara de Representantes.

Las nuevas medidas de Aponte Dalmau radicadas este martes son: Proyecto del Senado 1455, que propone una enmienda al Código Civil para restituir el derecho de los abuelos y tíos a relacionarse con sus nietos o sobrinos; el P del S 1453 para darle un aumento en el crédito contributivo a los pensionados y adultos mayores de 65 años o más de recursos limitados, y el P del S 1454 que enmienda a la Ley para promover el empleo en los mayores de 60 años a fin de completar su aportación al programa del Seguro Social.

“Los adultos mayores son olvidados e invisibilizados por este y todos los gobiernos. Estos proyectos le hacen justicia a estas personas que tanto aportan a la sociedad, reconocen el aumento en los costos de vida, incluyendo medicamentos, al aumentarles el bono anual de los pensionados”, dijo Aponte Dalmau en conferencia de prensa junto al director estatal de AARP en Puerto Rico, José Acarón.

El legislador estimó que poner en vigor las medidas le costaría al gobierno alrededor de $15 millones al año, “menos que la nómina de los aumentos al personal de confianza”.

También reclamó como “un asunto de justicia” la propuesta restitución de la relación de abuelos y tíos con los menores, que quedó fuera de la revisión del Código Civil en el 2022.

“Nuestros adultos mayores merecen un mejor trato. La mayoría está bajo el nivel de pobreza pasando muchas situaciones muy difíciles y debemos en la medida de lo posible, mejorar sus condiciones de vida”, indicó el portavoz de la mayoría.

De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad de 2022, del Negociado del Censo, en Puerto Rico los adultos mayores de 65 años constituyen el 23.5% de la población, con un nivel de pobreza de un 40.2%. En el Censo de 2020, había unos 679,656 puertorriqueños y puertorriqueñas mayores de 65 años, de los cuales 583,353 solamente reciben ingresos del Seguro Social.

Aponte Dalmau recalcó que todavía hay muchos adultos mayores que no logran cotizar una pensión para el Seguro Social porque les falta poco tiempo, pero no consiguen empleo. “Es importante reformar la Ley actual para que tengan más oportunidades de empleo” señaló.

“Toda política pública que proponga eliminar barreras sistémicas de nuestro marco legal es indispensable para promover la integración económica y social de las personas mayores con justicia social y equidad, de forma que se eliminen las disparidades sociales que vulnerabilizan a esta población”, indicó por su parte, Acarón.