El portavoz de la mayoría senatorial, Javier Aponte Dalmau, defendió la aprobación de múltiples medidas sobre el futuro del sistema energético, a pesar de la oposición que manifestó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los probables vetos del gobernador Pedro Pierluisi a las piezas legislativas que van rumbo a La Fortaleza.

“Todas esas medidas se enviaron poniendo al pueblo de Puerto Rico en posición de una determinación de algo que está en suspenso y que tiene que definirse en las próximas semanas y que el gobernador está anticipando que se va a quedar LUMA. Yo llevo toda una noche de apagón y el servicio va de mal en peor. Si esa es la determinación del gobernador, él acarreará con toda la culpa que eso constituya. La Asamblea Legislativa le produjo al poder ejecutivo las herramientas legislativas para que él revisara, modificara o extendiera el contrato. No lo hizo, pues esa es su responsabilidad”, subrayó Aponte Dalmau, también presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado.

Pierluisi, en varios encuentros con los medios, ha adelantado que vetará cualquier medida que violente la Ley Promesa. La propia JSF, en una serie de cartas enviadas en pasados días al ejecutivo y los líderes legislativos, ha expresado que al menos seis de las medidas sobre el sistema eléctrico atendidas en pasados días contravienen el plan fiscal certificado de la AEE y, por consiguiente, el estatuto federal.

El gobernador, de igual, forma, insistió que LUMA continuará a cargo del sistema eléctrico luego del 30 de noviembre, cuando venza el contrato suplementario bajo el que ha operado el consorcio por 18 meses. A partir de entonces, LUMA podría operar bajo una extensión al pacto suplementario o dando paso al pacto de 15 años otorgado a la empresa.

Específicamente, la JSF se expresó en contra de la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 326 y la RCS 327, así como la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 315, que, en conjunto, ordenan cancelar el contrato de LUMA Energy, establecer un plan de transición hacia un nuevo operador de la red y ordenar que el Negociado de Energía divulgue las métricas por las cuales evalúa al consorcio. Estas tres medidas ya se aprobaron en ambas cámaras pero, según el portal de trámite legislativo, no se han enviado a La Fortaleza.

La JSF también ha advertido a los cuerpos legislativos y el primer ejecutivo que no den paso a la RCC 235 –que decreta un estado de emergencia en el sistema eléctrico–, el Proyecto de la Cámara (PC) 1429 –para establecer parámetros a la reestructuración de las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– y el PC 1397 –que transfiere a la AEE la supervisión de los contratos de alianzas público privadas en el sector energético. De estos, solo la RCC 235 recibió luz verde en la Legislatura, mientras que los otros dos pudieran ser aprobados hoy, en el cierre de la sesión legislativa.

“Al final del día, como siempre he dicho, esto está en manos de la juez (que preside el caso de Título III de la AEE, Laura Taylor) Swain, que ya le ha dicho a los grupos de bonistas que, si no se acaban de poner de acuerdo, la va a nombrar un síndico”, indicó Aponte Dalmau, quien no quiso adelantar si los cuerpos legislativos pudieran radicar un pleito judicial si el gobernador veta los proyectos y resoluciones.

“La raíz de este problema no está en LUMA (sino) en la manera en que se hicieron los contratos. Contratos que se efectuaron en iguales condiciones, como el de HMS Ferries (de transporte marítimo a Vieques y Culebra) o como va a ser el contrato de los terminales portuarios, son contratos que yo no descarto que durante el próximo año se le solicite revisión a los tribunales”, dijo el portavoz popular en el Senado.

De otra parte, Aponte Dalmau criticó la potencial movida del director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, a la presidencia de LUMA Energy, información que reportó ayer Teleonce.

“Quien no ha podido con lo menos no puede con lo más. Entiendo que el ingeniero ha tratado de hacer una buena gestión pero me parece que es una persona cuestionada en términos de que ha usado su posición, en distintas ocasiones, para no necesariamente decirle la verdad al país. No creo que la persona que debe estar al mando de esta corporación tan importante y esencial para el país, sea una persona que solo vaya a adelantarle las causas al gobernante”, sostuvo.

Aponte Dalmau, asimismo, consideró que el nombramiento de Colón en LUMA reflejaría la “politización” del consorcio.

“LUMA se ha convertido en una extensión política de la AEE. Y si la persona que lo va a dirigir ha sido también otro miembro importante de administraciones anteriores el detalle es que no vamos a echar hacia adelante”, planteó Aponte Dalmau.