El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y su esposa, Rosa Vicente López, anunciaron que se encuentran separados desde hace unos meses y que se encuentran en los trámites de divorcio.

Fue a través de un comunicado en conjunto que la pareja anunció el proceso por el que están pasando.

“Con el fin de terminar cualquier tipo de especulación y desinformación, notificamos que, tras casi 25 años de casados, se tomó la decisión de seguir nuevos rumbos separados en la vida. Un proceso que hemos ya enfrentado por casi 7 meses, donde reiteramos nuestra separación y hemos comenzado los trámites legales de divorcio”, reza el comunicado de prensa.

Tanto Perelló como Vicente pidieron respeto en medio de la situación y manifestaron que la misma se llevará de manera privada por el respeto a sus hijos.

“Preferimos mantener de manera privada la situación por amor a nuestros hijos y por respeto a nuestras familias. Reiteramos nuestro deseo de que este asunto sea ventilado donde corresponde, en los tribunales y le solicitamos encarecidamente a todos respeto tanto para nosotros y muy especialmente para nuestros hijos, que son los que más sufren y que sea respetada la privacidad mientras culminamos este proceso. Continuaremos nuestros lazos de unidad toda la vida. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia y deseamos mantener una buena relación de negocios y de padres entre ambos por el bienestar de todos y siendo nuestra máxima prioridad la felicidad de nuestros hijos”, añadió la pareja.

Perelló fue elegido como presidente de la Cámara de Representantes en el 2012, pero en el 2016, meses antes de las elecciones generales renunció a su cargo en medio de presiones del entonces presidente del Partido Popular, David Bernier y en momentos en que su nombre sonaba en el juicio federal por corrupción contra presuntos cómplices de Anaudi Hernández.

Luego, en 2017 fue acusado de perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, así como violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por no informar debidamente donativos políticos y violaciones a la Ley para el Financiamiento de Campañas Públicas.

Tras esto, en 2019, hizo alegación de culpabilidad por dos cargos menos graves, luego de un acuerdo con el ministerio público que puso fin a un extenso proceso judicial que inició con más de una docena de cargos de corrupción gubernamental.

Como parte del acuerdo, el otrora presidente de la Cámara de Representantes pagará dos multas, una de $5,000 y otra de $500.

Además, entregó un cheque por $25,000 al Panel del Fiscal Especial Independiente para cubrir los gastos del proceso.

En ese entonces, el exrepresentante por el Partido Popular Democrático añadió que tomó la decisión de llegar al acuerdo porque “mi familia no puede seguir en esto”, y “esto no se iba a ver el próximo año, esto iba a seguir y seguir y seguir”.