Las representantes del Partido Nuevo Progresista, Lourdes Ramos Rivera, Yashira Lebrón Rodríguez y Wanda Del Valle, anunciaron la radicación de una resolución dirigida a investigar los criterios que se utilizan para otorgar o no órdenes de protección en los tribunales bajo el amparo de la Ley 54, del 15 de agosto de 1989, mejor conocida como la ‘Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica’.

“Puerto Rico está de luto ante los tristes sucesos de esta pasada semana. Tenemos que actuar para hacer todo lo posible en esta lucha contra la violencia de género. Una herramienta integral del proceso de protección a la víctima de este terrible mal social es la orden de protección. Esta semana salió a relucir que una de las víctimas solicitó y le fue negada una orden de protección. Queremos saber porque fue el caso y los criterios que se están utilizando para expedir o no estas órdenes cuando son solicitadas. Ese es el norte de esta resolución”, señaló Ramos Rivera en declaraciones escritas.

“Debido al dramático aumento en casos de violencia doméstica reportados durante los pasados cinco años, se hace imperativo el analizar las razones por las cuales los jueces adscritos a la Rama Judicial de Puerto Rico deciden cómo otorgar una orden de protección bajo los estatutos de la Ley 54 luego de la misma ser solicitada y elaborar un detallado estudio sobre la discrepancia en el número de órdenes otorgadas en comparación con las que son solicitadas para así determinar cursos de acción”, expresó Lebrón Rodríguez.

La iniciativa surge luego de que varios estudios revelan que en Puerto Rico durante los pasados cinco años apenas el 74 por ciento de las solicitudes de órdenes de protección-bajo la Ley 54-1989-por incidentes de violencia de género son otorgadas.

“En el año fiscal 2018-2019, de acuerdo a datos publicados por la Oficina de la Procuradora de la Mujer, se solicitaron a los tribunales unas 11,439 órdenes de protección en todo Puerto Rico de las cuales sólo se expidieron unas 7,692 de manera ex – parte y unas 4,496 de manera final. Obviamente existe una marcada discrepancia que se tiene que evaluar y cuáles son las razones reales de esta por ciento de otorgación de órdenes tan bajo”, comentó por su parte Del Valle.

Según estadísticas de la Oficina de la Administración de Tribunales, para el año fiscal 2016-17 se solicitaron un total de 14,178 órdenes de protección en todo Puerto Rico, de las cuales se expidieron, finalmente, unas 5,523.

De acuerdo con datos del Negociado de Estadísticas del Departamento de Justicia federal, durante el año 2016, el número combinado de órdenes de protección solicitadas en todas las jurisdicciones de Estados Unidos fue de 109,799.  De estas órdenes, los jueces otorgaron un total de 94,970 de ellas, o sea un 84 por ciento. En Puerto Rico, el por ciento de órdenes de protección concedidas para el mismo periodo, fue de 67 por ciento.