Por entender que resulta innecesario, pues es materia que ya atiende el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Cámara de Comercio se opuso este jueves a la aprobación de un proyecto de ley que prohibiría a los comercios incluir en sus recibos de compra cualquier cargo por servicio que no detalle su procedencia. 

El Proyecto del Senado 1557 (P. del S. 1557) fue presentado por los senadores Luis Daniel Rivera Filomeno y Eduardo Bhatia a finales del mes pasado, luego que informes periodísticos revelaran que existen restaurantes que incluyen un cargo por servicio y gestión en el recibo, y no precisan a qué corresponde. La medida crearía la “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra”.

Para Héctor Mayol, director ejecutivo interino de la Cámara de Comercio, el objetivo que persigue la medida ya está atendido por el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos que administra el DACO. 

Mayol citó la Regla 7, específicamente el inciso B en el punto 14 de esa normativa, que provee un lenguaje casi exacto al del proyecto de ley que analiza la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, que preside Rivera Filomeno.

En esencia, el reglamento del DACO prohíbe cobrar cargos por servicios “cuando dichos servicios son inexistentes o no susceptibles de ser corroborados”. 

“Para los comerciantes, las disposiciones del reglamento son claras, y hay que cumplir con ellas”, enfatizó Mayol durante una vista pública de la comisión senatorial. 

“Siendo así las cosas, no nos parece procedente que mediante legislación se atienda el asunto contenido en el Proyecto del Senado 1557. La Asamblea Legislativa debe continuar dejando en manos del DACO, y en su flexibilidad de reglamentar, las prácticas entre los comerciantes y consumidores”, enfatizó. 

No obstante, el director ejecutivo interino de la Cámara de Comercio dejó claro que esa entidad rechaza las prácticas que se atribuyen a ciertos restaurantes, y afirmó que defienden que haya mayor transparencia en las transacciones comerciales. Instó a la comisión del Senado a auscultar con el DACO qué medidas se han tomado en contra de quienes han incurrido en la censurada actuación.

“Ustedes pueden mirar lo que está haciendo la agencia del Ejecutivo, y mirar la propia ley habilitadora de la agencia a ver si esa ley es la que necesita enmiendas porque hay un proceso que establece el Derecho Administrativo para lidiar con estas situaciones”, enfatizó Mayol.