Para expertos en procesos judiciales, la estrategia de la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez, de solicitar al tribunal federal ser eximida de la orden de mordaza impuesta por el caso criminal que enfrenta -por un alegado esquema de soborno para financiar su campaña primarista en 2020-, responde a una movida para proteger su imagen en los medios de comunicación ante un escenario “no usual”.

El exfiscal federal Osvaldo Carlo manifestó que la acción que presentó la representación legal de Vázquez, solicitando tiempo para defenderse en los medios de comunicación ante la cobertura que ha tenido el caso contra su clienta, resulta atípico, particularmente en el gremio local.

“Lo que sucede desde el caso de Aníbal Acevedo Vilá en 2009, es que no habíamos tenido un gobernante o exgobernante siendo acusado en el foro federal. Esto no es el caso rutinario”, manifestó Carlo, quien lleva más de 40 años litigando en el foro federal.

“Las órdenes de mordaza se emiten, principalmente, para garantizar los derechos al acusado a un juicio justo e imparcial, para no contaminar a los potenciales jurados en este caso. Ella lo que está alegando es que la orden que se emitió beneficia realmente a Fiscalía federal”, explicó.

La defensa de la exmandataria alega que no se pueden defender a la noticia donde se reveló que el Departamento de Justicia federal solicitó una moción de protección para la evidencia que tiene en el caso que implica también al exagente del FBI, Mark T. Rossini y al presidente de Bancrédito Internacional, Julio Herrera Velutini.

Vázquez enfrenta varios cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

“Ellos dan como ejemplo lo que salió en los periódicos sobre las 24 grabaciones que tiene el FBI, y el asunto que la revelación de estos atentaría a la seguridad nacional, que ellos dicen que lo que la gente de la calle piensa es que hay 24 grabaciones que incriminan a Wanda Vázquez, y que ese no es el caso. Y como ellos no han tenido la oportunidad de explicarlo, afecta a la defensa de Vázquez y su selección de un jurado en su día”, indicó.

Sin embargo, Carlo expuso que existe una posibilidad de que los argumentos de los abogados de Vázquez podría generar alguna modificación en la moción emitida por el juez presidente de la Corte de Distrito Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, dado que la Fiscalía de Estados Unidos “se allanó a la solicitud, porque ellos entienden que la orden no es necesaria en este momento, porque existen unas garantías como las reglas de ética que rigen la abogacía y las reglas locales del Tribunal Federal”.

“Lo que hace Fiscalía es razonable, porque ellos tienen que evitar que, en su día, el asunto de la orden de mordaza perjudique cualquier veredicto que se emita en el caso”, argumentó. “El objetivo tanto del Tribunal, como de los fiscales con los abogados de la defensa es proteger el récord para posibles apelaciones en un futuro”.

“Si en un futuro, Wanda Vázquez fuese a juicio y es convicta, se levanta el asunto de la mordaza, y si el Tribunal entiende que se le violaron sus derechos, pues se revocaría no por lo que pasó en el juicio, sino por no haberle dado a ella la oportunidad de defenderse públicamente”, enfatizó.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román Espada, catalogó la petición de la defensa de la ex Procuradora de las Mujeres como una acción “natural”, dado que se produciría como parte de la construcción de una estrategia que busca “adjudicar responsabilidad penal en la jurisdicción federal, donde se requiere la unanimidad del jurado”.

“La orden de mordaza procura proteger la integridad, neutralidad o imparcialidad de un jurado. En la medida en que eso se pueda proteger, en este caso, va a ser muy difícil porque el que bien o el que mal (vea) la exgobernadora, ya tiene una opinión formada en relación con ella porque es una figura pública”, indicó el abogado.

“Yo presumo que los abogados de ella estarán muy preocupados por lo que es su percepción pública y querrán, de alguna manera, proteger mediante expresiones de rechazo, o de antagonismo, a quienes dicen que es culpable porque ella se ha decantado inocente desde el día uno, que eso es también un elemento que todos conocemos, que es proteger esa reputación que ella quisiera tener”, puntualizó.

Cuando este medio preguntó si el levantamiento de la orden de mordaza pudiera representar un golpe para la exmandataria en el proceso judicial, el abogado civil indica que la solicitud también es una determinación arriesgada.

“Cuando una persona es imputada de delito o es investigada, y comienza a hacer declaraciones en medios, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Culquier manifestación pudiera tener como consecuencia el que el investigador capte un dato que desconocía y abra un ángulo adicional, eso siempre es posible y puede ser un peligro no solo para la exgobernadora, sino para cualquier persona”, apuntaló.