La lenta contratación de asistentes para estudiantes con autismo matriculados en las escuelas públicas genera preocupación entre los padres de esos alumnos.

La situación representa una violación de los derechos de este segmento de la población escolar, denunció hoy, miércoles, la presidenta de la Alianza de Autismo, Joyce Dávila.

Basada en información provista por padres y personas que han trabajado con estos alumnos, Dávila estimó que menos de la mitad de los asistentes, antes clasificados como trabajadores 1, han sido nombrados en el Departamento de Educación (DE).

Dávila dijo en un comunicado de prensa que "si no tienen la seguridad y el apoyo que conlleva el tener su asistente, muchos de los niños no podrán asistir a la escuela" a partir del próximo lunes, cuando comienza el nuevo curso escolar.

Según Dávila, la mayoría de los asistentes que no han sido convocados por el DE, han sido empleados transitorios en esa agencia, donde sus honorarios provienen de un pareo de fondos federales y estatales.

 El DE ha reportado que unos 3,000 estudiantes autistas están matriculados en las aulas públicas, mencionó Dávila, quien estimó que unos 1,500 de esos niños no tendrían un asistente al inicio del nuevo semestre.

La directiva de la Alianza de Autismo, por otro lado, señaló a este medio que la población con esta condición en el DE puede ser el doble porque existen otros 3,000 estudiantes con problemas del habla u otras condiciones, pero la agencia no los registra de esa forma.

Se refirió a un estudio de prevalencia que alude a 6,000 niños con autismo en edad escolar y precisó que a cinco días de comenzar las clases no han recibido información sobre las importantes contrataciones, ni sobre convocatorias a esos fines.

 "Se supone que estén nombrados para que empiecen a trabajar el lunes", recalcó Dávila en la denuncia escrita en la que plantean, entre otros asuntos, cómo la estabilidad laboral de los padres con estos niños se afecta por la ausencia del citado personal de apoyo para sus hijos en las escuelas.

La entidad recordó que la ley vigente establece el derecho a una educación, libre, gratuita y apropiada y expuso que la falta de esos recursos representa un discrimen para la población escolar con autismo.

Este medio solicitó una reacción al DE sobre la denuncia y el reclamo hecho por la Alianza de Autismo, pero la agencia no respondió de inmediato sobre este asunto.