Para Puerto Rico sería devastador que como ocurrió en la ciudad de Grants Pass en Oregon, municipios de la isla decidieran convertir en delito el dormir en espacios públicos. La validación de esa ordenanza municipal está ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos y este verano debe haber una decisión final, que sería un precedente para la política sobre las personas sin hogar en todo el país.

“Si estamos diciendo que no tienes donde pernoctar y van a convertir la inhabilidad de comprar o alquilar una casa en un crimen, estás haciendo más difícil que una persona pueda ser ubicada en una vivienda, ya que una persona con historial delictivo no es elegible a vivienda pública, a menos que hayan pasado varios años de la sentencia. Esto tendría consecuencias devastadoras para las personas sin hogar”, expresó Belinda Hill, Directora Ejecutiva de Sólo por Hoy Inc., organización que atiende el sinhogarismo en Puerto Rico.

Hill explicó que la posible decisión del Supremo implica que le pudieron dar paso en Estados Unidos a ordenanzas similares en otras asambleas municipales, como ya hizo Grants Pass en Oregon. Esa ley municipal dice que si una persona se cobija o se arropa con una manta, es porque intenta pernoctar en un lugar público que, de validarse por el Supremo, ya sería un delito que le puede llevar a la cárcel. El gobernador de California, Gavin Newson, se unió al pleito como amigo de la corte para plantear que el gobierno debe tener un plan comprensivo para cerrar los campamentos de personas sin hogar en las ciudades. Esto implicaría que haya los fondos y las viviendas disponibles para mover a la gente sin hogar a estas casas o apartamentos.

“En Puerto Rico, ahora mismo, aún teniendo los recursos de vales de vivienda, no podemos ubicar a muchas personas sin hogar porque falta vivienda asequible, al costo de la cantidad de dinero disponible con los vales. Es importante que los desarrolladores puedan crear estrategias para construir vivienda asequible no solo para casas de alto valor como está ocurriendo por los elevados costos de construcción. Ahora mismo nadie está interesado en rehabilitar edificios que pudieran ser opciones de vivienda asequible con un vale”, comentó Hill, quien también es presidenta del Continuo de Cuidado (CoC-PR502) que reúne a organizaciones y agencias que brindan servicios a personas sin hogar.

“Antes de imponer una penalidad criminal a un individuo que está en su momento más vulnerable, debería haber un programa comprensivo entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro que resuelva el problema de inventario de viviendas. Si se rehabilitan edificios o estructuras vacías para transformarlas en vivienda asequible, se pueden cerrar, con sensibilidad, los campamentos de personas sin hogar. En realidad va a costar mucho menos eso que estar criminalizando a las personas sin hogar, metiéndolos a la cárcel solo por crear el delito de no poder costear una casa”, concluyó Hill.

Se estima que hay unas 5,000 personas sin hogar en Puerto Rico. En el más reciente conteo de personas sin hogar se encontró que un 52% de las personas sin hogar estaban sin hogar por primera vez por razones económicas.

Según el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano, en diciembre de 2023 había 256,000 personas sin hogar en Estados Unidos. La falta de vivienda aumentó un 12% entre 2022 y 2023 en EE.UU. El actual pleito Grants Pass vs. Johnson tuvo una audiencia ayer ante el Supremo en el que la jueza boricua Sonia Sotomayor planteó sobre la ordenanza de Oregon que “el verdadero objetivo de esa ley es hacer que las personas sin hogar abandonen la ciudad”. Ha trascendido que jueces conservadores están a favor de mantener las prohibiciones locales de Grants Pass con el argumento de salud pública y seguridad en espacios comunes de parques y aceras. La jueza Ketanji Brow Jackson manifestó su oposición porque “es cruel e inusual castigar a las personas por actos que constituyen necesidades humanas básicas como es dormir”. Un grupo de personas sin hogar cuestiona en el caso que la ordenanza es inconstitucional porque ellos están involuntariamente en la calle, ya que no hay camas disponibles en los refugios y la ciudad no puede castigarlos sin ofrecerles un lugar donde dormir.