La corrupción pública en Puerto Rico tiene un claro diagnóstico: se da en la contratación gubernamental y en el proceso de compras.

“Los esquemas de ‘kickbacks’, de soborno, y sobrefacturación siguen siendo los más señalados”, detalló la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.

Actuar por alegado desconocimiento a las nuevas leyes, tanto estatales como federales, también lleva a los funcionarios públicos a fallarle al pueblo. Identificó el problema como “faltas al deber”. Por ello, Torres Rivera insistió que son la educación y la prevención la mejor arma que tiene el propio gobierno para detener este mal que afecta al país.

Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, el cual las Naciones Unidos insta a conmemorar los 9 de diciembre, la encargada de la Oficina del Inspector General (OIG) habló con Primera Hora de esta problemática y los retos que tiene la dependencia que dirige para combatirlos.

Según contó, “en Puerto Rico se ha hecho un gran esfuerzo durante los pasados años, a nivel de los Estados Unidos también, por buscar mayores alianzas, por establecer mayores herramientas de poder identificar e investigar los problemas de corrupción pública. Puerto Rico, pues, sorprendentemente, sigue siendo un problema la corrupción a nivel gubernamental. Pero, creo que el que se hayan realizado muchísimos esfuerzos ha permitido que se haya identificado la corrupción, que se haya podido identificar y se hayan podido llevar las acusaciones para aquellos casos de personas que le han fallado al servicio público”.

El escenario es más complejo. Los esquemas que se cometen no son fáciles de probar en los tribunales.

“Sigue siendo el reto grande, porque son dos personas que se ponen de acuerdo para cometer un esquema de fraude y tiene que haber un tercero que tenga conocimiento sobre ese esquema y esté dispuesto a hablar para poder identificar que ese esquema se ha dado”, manifestó.

Torres Rivera, entonces, habló de la necesidad de que personas que estén dentro de las agencias o conozcan de las irregularidades las denuncien, sobre todo, antes de que ocurra el desembolso de fondos públicos.

En un intento de lograr detener la corrupción, la funcionaria señaló la agencia que dirige ha realizado desde julio pasado orientaciones que han impactado a sobre 3,000 empleados públicos de las agencias en áreas como finanzas, compras y recursos humanos. Dijo que, como efecto, han tenido un aumento en consultas al área legal para conocer si los procesos que se dan en el gobierno son o no correctos.

Señaló que se han tornado “muy agresivos” en responder en un breve periodo a esas inquietudes para minimizar los posibles impactos por corrupción. Aceptó, de hecho, que muchas de estas consultas han culminado en procesos investigativos.

Aun así, Torres Rivera afirmó que batallan contra un “mal social”, que se justifican con un “todo el mundo lo hace”.

“Puede sonar un cliché, puede sonar trillado, pero la realidad es que mientras no reforcemos la parte de la educación, la parte social, no vamos a evitar que se minimice el fraude”, sostuvo.

Por tales razones, urgió a “esa persona que está ahí dentro, tangiblemente viendo, que ocurre una irregularidad en un proceso de subasta, por ejemplo, es la mejor herramienta que podemos tener en cualquier entidad de fiscalización o de investigación para nosotros poder atender la situación”.

En la OIG, toda persona con conocimiento de una irregularidad o que desee exponer una preocupación puede comunicarse de manera confidencial al 787-679-7979 o escribir su denuncia en la página cibernética de la agencia, la cual le permite hasta adjuntar documentos, a oig.pr.gov.

Torres Rivera recordó que ese confidente o todo denunciante de un acto de corrupción tendrá protección legal.

Asimismo, la funcionaria reconoció que recientes convicciones por corrupción puedan desalentar el que se haga una denuncia. Lo hizo tras reconocer el ejemplo del caso del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, quien se expone a cumplir cinco años en una prisión federal o en probatoria, tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales.

Explicó, sin embargo, que el grado de castigo al que se somete a las personas que cometen corrupción es mayor.

Indicó que los funcionarios son incluidos en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, el cual publica el Departamento de Justicia en su página cibernética.

Además, “esa persona no puede regresar al servicio público”, lo que se le limitan las oportunidades de trabajo, dijo.

Pero, sobre todo, la inspectora también destacó que estos acuerdos logran que se identifiquen a más personas involucradas en casos de corrupción, por lo que detiene el esquema y “sacamos del sistema a tres, cuatro personas por corrupción”.

“En el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra a nivel internacional, es importante hacer el llamado a continuar con la cooperación de cada uno de los ciudadanos que presencien o sean testigo de alguna acción irregular o cualquier acto de corrupción. El llamado es también a que los servidores públicos puedan capacitarse y orientarse sobre cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las penalidades que les aplican en caso de que puedan estar siendo inducidos a cometer una acción irregular o un acto de corrupción por otra persona que finalmente lo está utilizando para aprovecharse u obtener un beneficio. Si te percatas, estos contratistas lo que hacen es buscar a quién cachan para ellos lograr un objetivo, donde al fin y al cabo se beneficia económicamente otra parte”, resumió.

De acuerdo con Torres Rivera, en poco más de año y medio de que se constituyó la OIG, pese a haber sido creada por ley en el 2017 por el exgobernador Ricardo Rosselló, se han presentado ya alrededor de 40 informes de auditorías.

Destacó que iniciaron el proceso investigativo contra el exdirectivo del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel. Este se declaró culpable y fue sentenciado en agosto pasado a tres años de probatoria.

Indicó que también han sometido 16 querellas ante el Departamento de Justicia contra empleados públicos que se beneficiaron del Programa de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés).

El trabajo lo realizan con unos 100 auditores que se reclutaron de todas las agencias de gobierno para constituir la nueva dependencia.