El deber ministerial de evaluar los terrenos aptos para proyectos industriales de energía renovable del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) fue el argumento principal por grupos ambientalistas durante este martes en la vista argumentativa de la demanda contra el gobierno de Puerto Rico y varias agencias por alegadas violaciones al Plan de Uso de Terrenos (PUT) y la Ley de Política Pública Energética.

Mientras el Negociado de Energía Eléctrica insistió que no le corresponde asegurarse de que los terrenos son “aptos” para la instalación de proyectos de energía renovable en busca de un sistema más resiliente, la parte demandante señaló que violan leyes ambientales al seleccionar espacios protegidos por ley.

“Esto es un caso de alto interés público. Nos parece que el Tribunal entendió la urgencia del asunto por la protección de las tierras agrícolas para su preservación y por entender que son imprescindibles. Esto es un instrumento necesario para hacer de manera efectiva la integración de la energía renovable al país”, sostuvo el abogado Omar Saadé Yordán, a cargo del grupo legal de las seis organizaciones que demandaron al ejecutivo, al salir de la vista a cargo del juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En el recurso de “mandamus” –sometido el pasado 9 de agosto–, las entidades solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al NEPR, la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DDEC) y el Estado Libre Asociado (ELA) la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas.

“Es importante que antes de aprobar un proyecto se tiene que identificar los lugares aptos, se tienen que tener unas conclusiones. No se pueden aprobar los proyectos sin tener un análisis”, abundó Ninoshka Picard Pérez, en su turno de argumentación frente al juez Cuevas, quien insistió en que le parecía atender la controversia sobre el deber ministerial.

El NEPR aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido, de acuerdo clasifica el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico.

En cambio, Edgardo Rodríguez, del NEPR, insistió que “el Negociado no aprueba proyectos, aprueba contratos”. “Ese no es el rol. La política pública la tiene que implementar el gobierno de Puerto Rico. Le toca a la Oficina de Gerencia de Permisos”, agregó el abogado.

Por su parte, el abogado de OGPe, Rodrigo Altieri, solicitó al Tribunal su desestimación de la demanda porque en “ningún momento” la agencia ha recibido la solicitud de permisos por estos proyectos. “No hay ninguna alegación de que hay un incumplimiento de la OGPe. De 18 proyectos, no hay ninguna solicitud de permisos”, dijo Altieri.

En la misma línea, la JP acogió el mismo argumento del NEPR de que “no tienen ningún deber ministerial a cumplir”. Además, el representante legal de la JP Héctor Morales Martínez defendió que la clasificación del terreno supuestamente permitiría su uso para proyectos de energía renovable porque se podría continuar con la actividad agrícola. Incluso, instó a los grupos agrícolas a unirse a microrredes que se establezcan en los proyectos de energía renovable.

“Su análisis debe considerar las políticas públicas y cuál es el deber ministerial real. Es implementar una política pública energética sostenible que ayude a sostener el sistema..., que ayude a los puertorriqueños a que paguen menos en luz y (un sistema) que se pueda recuperar rápidamente y no nos pase como con el huracán María”, expuso el abogado de la JP, Morales Martínez.

El abogado Saadé Yordán replicó a la parte demanda que “nada les exime de cumplir con el deber”. “El Negociado es el que está obligado en ley a implementar la política pública de energía eléctrica”, defendió el abogado ambientalista.

La sala estuvo repleta de miembros de organizaciones ambientales y de la industria agrícola que llegaron desde distintos puntos de Puerto Rico. Algunas residentes de Salinas utilizaron camisetas alusivas al efecto de la instalación de placas en su comunidad en zona inundable.

“El patrón que estamos viendo es incompatible con el Plan de Uso de Terreno y con la ley de Política Energética. Proponer estos proyectos en los terrenos de mayor valor agrícola en el país es incompatible”, insistió Saadé Yordán.

La experta en justicia ambiental Ruth Santiago Quiñones estimó que el 79% de los proyectos ubican en suelo rústico que es a su vez es reserva especial agrícola. Indicó, en sala, que para conocer la ubicación de algunos de los proyectos, hubo que demandar a las agencias.

El juez Cuevas otorgó a la parte demandante 10 días para replicar a la desestimación del mandamus.