Aunque hay estudios que señalan que en las últimas dos décadas en Puerto Rico han fallecido 600 personas ahogadas en playas alrededor de la isla -una muerte cada doce días o, aproximadamente, 30 anuales- estas estadísticas han aumentado en los últimos tres años y, como dato alarmante, se elevó de un 2% a un 45% el hecho de que las víctimas son turistas provenientes de otros países.

Información provista a Primera Hora por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y el Negociado de la Policía, señalan que desde el 2020 hasta el 26 de marzo de 2023 unas 112 personas han fallecido ahogadas en playas alrededor de Puerto Rico, aumentando el estimado promedio de muertes a unas 33 por año o una cada 11 días, y cambiando drásticamente el perfil de los infortunados considerando que en el pasado solo el 2% de las fatalidades ocurrían en la población de turistas. Así lo surgiría un estudio sobre ahogamientos en la isla que fue capitaneado por el profesor Ruperto Chaparro del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (PSGUPR), entre 1999 y 2013.Una década después, son muchísimos más los visitantes que se suman a la mortífera cifra, pues del total de 112 fallecidos en poco más de tres años, el 45%, (es decir, 51), fueron turistas que llegaron a la isla desde otros destinos, probablemente, atraídos por el calor y los hermosos paisajes que decoran las costas de nuestra isla.

De hecho, en los primeros tres meses de este año 13 personas se ahogaron en alguna playa local y de esta cifra nueve han ocurrido en marzo. Del total de decesos en lo que va de mes, cinco corresponden a puertorriqueños y ocho son turistas.

“La cantidad de muertes que están ocurriendo por año es inaceptable. Lo era antes, cuando empezamos a llevar las estadísticas hace 25 años, y es peor ahora. Es un tema que ha sido ignorado. Y me preocupa mucho lo de los turistas, porque antes morían muchos puertorriqueños y solo poco más de un 2% eran turistas. Ahora tenemos campañas de turismo invitando a la gente a que vengan a Puerto Rico y vienen a morir en nuestras playas, lo que le hace un daño terrible al turismo... se ahogan porque no conocen la peligrosidad de las playas que están visitando y por ahí hay que comenzar: hay que llevar una campaña agresiva de educación para que la población, incluidos los que nos visitan, conozcan qué playas se recomiendan para bañistas, en qué temporadas y cuáles definitivamente no son para nadar”, puntualizó Chaparro en entrevista con este diario.

Aunque la mayoría de las personas que han muerto desde 2020 tienen un promedio de 47 años, desafortunadamente en las cifras se incluyen a dos menores, de 12 y 15 años de edad, que murieron en playas de San Juan y Carolina, respectivamente. De otra parte, el 85% (96) de los infortunados son hombres.

Chaparro acotó que a través del Programa de Sea Grant se creó el Proyecto de Seguridad Acuática que dirige Berliz Morales, quien por años ha recopilado datos sobre los casos de ahogamientos en playas en la isla a fin de focalizar estrategias de prevención en las zonas más afectadas. Los resultados fueron compartidos con el gobierno y con la Junta Interagencial para el Manejo de Playas, la cual está bajo la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y que fue creada por la Ley 293 en 1999 para atender asuntos de seguridad, ornato, conservación y uso adecuado de los recursos.

Entre las recomendaciones que han sugerido año tras año, y gobierno tras gobierno, es que es imperativo que se asignen guardavidas en áreas que van más allá de los balnearios y que estos profesionales sean adiestrados bajo estándares de la United States Life Saving Association (USLA). Además, hacen hincapié en que las agencias gubernamentales materialicen un proyecto multisectorial de seguridad de playas que involucre a entes privados, municipales y turísticos.

“Aquí la mayoría de la gente no sabe nadar y ese es el primer problema. Lo otro es que necesitamos salvavidas preparados para rescates en mar abierto, porque la dinámica y técnicas de salvamento son diferentes a la que se realizan en una piscina o en balnearios donde las aguas son más calmadas que la que vemos, por ejemplo, en Jobos en Isabela o en La Pared, en Luquillo”, expresó Chaparro al enfatizar que la vigilancia debe expandirse a otras zonas y no únicamente a las playas administradas por municipios o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Lo importante en este tipo de guardavidas es que anticipan el peligro y previenen los accidentes y eso es importante cuando se habla de seguridad en las playas”, agregó al destacar que históricamente las fatalidades son “casi nulas” en lugares que cuentan con salvavidas con este tipo de capacitación especializada.

¿Dónde ocurren la mayoría de las muertes?

Actualmente, en Puerto Rico hay asignados 24 salvavidas a los balnearios de Parques Nacionales, según datos provistos por el DRNA, agencia que tiene abierta una convocatoria para 12 posiciones adicionales.

Sin embargo, fuera de estas jurisdicciones es poca la inversión que se hace para designar expertos en salvamento a las playas donde más mueren personas anualmente.

La excepción en la ecuación son los seis salvavidas que fueron asignados tan reciente como en el 2022 al área del Condado, en San Juan, donde han ocurrido múltiples muertes por ahogamiento durante los últimos años. Después de fuertes reclamos, en marzo pasado la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) contrató a un personal que vigila la zona entre 10:00 a.m. y 6:00 p.m., los siete días de la semana, desde una torre ubicada cerca de las instalaciones de La Concha Resort. El compromiso es instalar dos torres adicionales para ampliar la vigilancia hasta el área del hotel San Juan Marriott, otro de los escenarios de playas más peligrosas del área metropolitana y del país.

De los 112 ahogamientos ocurridos desde el 2020 hasta el presente, hay 18 que se originaron en San Juan. De los informes se desprende que en el área de El Escambrón también se han suscitado muertes.

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Además de la capital, el resto de los municipios con mayores fatalidades por ahogamientos en playa en los últimos tres años son Fajardo (14), Loíza (9), Luquillo (7) y Carolina (6), Isabela (6) y Manatí (5).

El análisis es contundente mostrando que la mayoría de los infortunios por asfixia por sumersión ocurren en el este de la isla donde, precisamente, han fallecido cinco personas en un periodo de una semana -del 16 al 25 de marzo del presente año- en pueblos como Luquillo (3), Fajardo (1) y Río Grande (1). Todos eran turistas provenientes de lugares como Canadá y Estados Unidos.

En el caso de Fajardo, la mayoría de las incidencias han ocurrido en Playa Escondida, a donde los visitantes llegan luego de caminar un trayecto de cerca de 20 minutos. Su arena blanca y aguas cristalinas lo convierten en uno de los lugares más hermosos de la isla. Sin embargo, aunque el agua parece tranquila, no es apta para bañistas, pues tiene corrientes que la convierten en una de las playas más mortales de Puerto Rico. Aun con estas características, Discover Puerto Rico lo promociona en su página como una de las atracciones de Fajardo, sin hacer la salvedad de la peligrosidad que representa para bañistas.

De otra parte, está la playa La Pared, en Luquillo, un área exclusiva para practicar deportes acuáticos extremos, como surfing. En esta área, la población civil se ha encargado de colocar banderas que alerta a la ciudadanía sobre el peligro de corrientes en la zona. Aún así, los visitantes desafían los avisos y se sumergen a nadar arriesgando sus vidas. Otras zonas de precaución son Playa Azul, La Boca y detrás del complejo residencial Sandy Hills.

En la playa Vacía Talega o el sector Aviones (ambos en Loíza), así como en Jobos, en Isabela, el escenario es similar al de Luquillo. Se trata de playas con fuertes oleajes y corrientes de resacas que, usualmente, son frecuentadas por surfistas, pero que son visitadas también anualmente por cientos de personas que buscan darse un chapuzón sin saber que unos minutos de aventura pueden convertirse en un corredor hacia la muerte.

“Estas playas de Luquillo, Loíza, Isabela, entre otras, son sitios para expertos que ya conocen las corrientes y saben dónde se pueden meter. El problema es que en Puerto Rico el turismo se ha extendido más allá de los hoteles y tenemos gente llegando a esas playas atractivas por sus bellezas por cuenta propia o atraídos por lo que se promociona en sitios de alquileres a corto plazo. Entonces, te encuentras que no tienen rotulación o advertencias y tampoco a guardavidas”, explica Chaparro.

Una de las ideas que proponen desde el Programa Sea Grant y el sector civil es que se cobre entre $1 o $5 por cada reservación que se haga en lugares de alquiler a corto plazo y en hoteles y destinar el dinero recaudado para seguridad acuática en los lugares de mayor peligrosidad en la isla.

“Estamos hablando del salario de los guardavidas, pero también de campañas educativas, rotulación, banderas y otras herramientas que ayuden en la prevención”, sostuvo quien ha presentado la idea a varias administraciones gubernamentales, “tanto azules como rojas”, pero no ha ocurrido nada.

Surfers se convierten en héroes anónimos

Ante la realidad de que la mayoría de los ahogamientos ocurren en zonas donde no hay salvavidas financiados por el gobierno, la labor de rescate de cientos de ciudadanos que han estado a punto de morir en las bravías aguas locales, recae en miembros de la población civil que, voluntariamente, arriesgan su vida para salvar la de otros.

Estos héroes anónimos, casi siempre, son surfers locales que han tenido que organizarse para crear estrategias de seguridad acuática, aún cuando no reciben ni un centavo por parte de las entidades gubernamentales para atender este problema social, de seguridad y de salud en la isla.

Por ejemplo, en Luquillo hay surfers como Abdías Pabón y Ángel “Flavito” Rosado, que hasta han organizado junto a personal de Manejo de Emergencias Municipal orientaciones a otros deportistas acuáticos para que sepan cómo manejar un rescate en la zona de La Pared.

“Nosotros somos la primera línea de defensa y así ha sido por años. Pero como hemos visto que la cantidad de turistas que frecuentan el área ha aumentado y que así mismo aumenta el riesgo de muerte, pues decidimos hacer este tipo de entrenamiento para que los surfers del área sepan cómo manejar estas situaciones que vemos a diario. No es nuestra responsabilidad, pero nosotros no vamos a dejar morir a alguien que se ahoga frente a nosotros. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo vimos cómo el otro día murieron tres personas y en el caso de los canadienses fue un chamaco que es instructor de surfing que se llama Dereck Vázquez, el que pudo sacar los cuerpos”, expresó Pabón, quien tuvo su primera experiencia de rescate a los 10 años cuando sacó el cadáver de un hombre que murió en la zona.

Rosado, por su parte, explicó que tan reciente como la semana pasada los surfistas salvaron a unas 10 personas.

“Pero es difícil porque no hay ayuda del Gobierno ni de Turismo. Yo creo que hay que adjudicar responsabilidad a los dueños de alquileres a corto plazo porque muchas veces estos lugares se promocionan con una playa que no es apta para bañistas. Incluso, aquí en Luquillo hay muchos de estos lugares que le dejan tablas de surfear o equipos de snorkeling a sus clientes, lo que para ellos es una invitación a que se pueden meter, cuando no es lo correcto. Miren, por lo menos ubiquen un letrero de advertencia en sus facilidades, pero ni eso”, puntualizó Rosado.

Ambos destacaron que hay interés de que un grupo de surfers se unan como voluntarios al equipo de Manejo de Emergencias a fin de trabajar los rescates en coordinación con ellos.

“Al menos podríamos tener un radio y equipo especializado que ahora mismo no podemos comprar, porque aquí no se asigna un centavo para esto y todo lo hacemos de forma voluntaria”, manifestó.

Por su parte, en Isabela, surfers como Héctor “Tito” Varela de la Fundación Surfrider Puerto Rico, han logrado colocar rotulación de advertencia en zonas como Jobos a través de ayudas del sector privado y del Programa Sea Grant. Además, han abierto las puertas para que profesionales como Gerson Caraballo, experimentado guardavidas en el estado de Florida, brinde adiestramientos de salvamento en mar abierto a personas civiles del área.

“También hicimos otros rótulos pequeños para dárselos a los que dan clases de surfing, porque nuestro interés es educar a la comunidad. Aquí tú ves un área tranquila, pero tiene corrientes subacuáticas que arrastra a las personas. Y en eso casos, en Isabela, los rescatistas son los héroes sin capas que se dedican a salvar montones de vidas diariamente”, resaltó al criticar que Discover Puerto Rico (DMO) promocionen “al archipiélago caribeño de aguas cristalinas”, pero que no aboguen por que haya más guardavidas.

Por lo pronto, los isabelinos están esperanzados en que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 308, presentado por la senadora Migdalia González, para que el DRNA y Turismo implanten una estrategia similar a la establecida en Condado, asignando guardavidas e instalando torres de salvamento en la playa Jobos.

“La asamblea legislativa entiende meritorio que se atienda de manera inmediata la contratación de salvavidas y la instalación de torres para los salvavidas en la playa Jobos del municipio de Isabela... de esta manera se estarían salvando muchas vidas. Y esto se traduciría en una mejor promoción para el turismo en la región oeste”, lee la exposición de motivos de la medida que fue aprobada en el Senado y que, tan reciente como el 21 de marzo, fue referido a la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara de Representantes.

¿Qué ocurre con la Junta Interagencial de Playas?

Mientras la vulnerabilidad a perder la vida en las playas ha aumentado desenfrenadamente con los años, la Junta Interagencial para el Manejo de Playas, operado desde el DRNA, ha estado casi inoperante desde su fundación, denunció Chaparro quien fue miembro activo del organismo, pero se desanimó al ver que la gestión no es más que “una letra muerta”.

“Se discuten mil temas y a la próxima reunión se discute lo mismo porque no se hace nada. Es que ni siquiera tienen presupuesto”, subrayó el coordinador del Programa Sea Grant.

En entrevista con Primera Hora, el subsecretario del DRNA, Alberto Mercado, quien fue delegado como director de la Junta de Playas, admitió que desde el 2019 el organismo no se reunía. Y que, anterior a ese año, escasamente se celebraron dos reuniones entre 2017 y 2018. Las labores se restablecieron mediante una reunión efectuada el pasado 9 de marzo.

Además del subsecretario del DRNA, la Junta la constituyen nueve jefes de dependencias públicas, entre estas Salud, Seguridad Pública, Junta de Planificación, Compañía de Turismo, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Recreación y Deportes, entre otros. También hay representación del sector privado por parte del DMO y de la Asociación de Hoteles y Turismo. Asimismo, el sector académico tiene representación por parte de los profesores de la Universidad de Puerto Rico, Alfredo Torruella y Robert Mayer, de los recintos de Bayamón y Aguadilla, respectivamente.

La ley dispone que cada dependencia gubernamental debe aportar un mínimo de $3,000 por año. En cambio, esto no ha ocurrido, dejando sin presupuesto a la Junta.

“Ahora constituimos completa la Junta y estamos cumpliendo con disposiciones establecidas en ley. Esa reunión introductoria sirvió para recargar los planes de trabajo”, manifestó Mercado, al agregar que se aprovechó la oportunidad para notificar de manera verbal y por escrito a los miembros de la Junta que tienen que hacer las aportaciones establecidas por ley.

Respecto a la seguridad acuática dijo que la reunión sirvió para traer a la mesa la idea de crear una aplicación móvil que le permitiría a la ciudadanía monitorear la seguridad de las playas con información de condiciones climatológicas, altura de las olas, datos de contaminación, zonas de mayor riesgo para bañistas, entre otras.

“Esa aplicación tendría como nombre “Playas Seguras Puerto Rico” y es algo que ya se está conceptualizando. Y esto es algo de lo que estamos impulsando para mitigar los ahogamientos”, expresó el funcionario.

“En Puerto Rico hay 1,224 playas, 44 municipios costeros y es complicado, pero en estos puntos calientes frecuentados por turistas, definitivamente, debe haber un esfuerzo interagencial para orientar a la ciudadanía”, agregó.

Subrayó que desde la Junta no se pueden regular a los alquileres de corto plazo ni a los hoteles, pero catalogó de “buena estrategia” invitar a estos entornos a que coloquen material informativo y de alerta en sus facilidades. “Es algo que se puede tocar en la Junta, concurro en eso”, dijo.