El gobierno de Jenniffer González Colón comenzará a evaluar la posibilidad de limitar servicios a la comunidad extranjera con estatus migratorio no definido, lo que podría conllevar a la eliminación de beneficios de salud y de las licencias de conducir.

Dicha posibilidad será consultada en esta semana con el gobierno del presidente Donald Trump. Es que la gobernadora reiteró anoche que Puerto Rico no se quedaría sin fondos federales, como ha amenazado el presidente, por no cooperar con su directriz anti inmigratoria.

Durante una conferencia de prensa que realizó la primera ejecutiva en La Fortaleza, tras culminar una reunión con el liderato de las agencias federales en la Isla, González Colón precisó que “ahora nosotros vamos a tener que interpretar y revisar cuál va a ser el alcance de derechos en el área de salud, en el área de las licencias de conducir y en otros servicios que se ofrecen a personas que tienen un estatus migratorio ilegal en Puerto Rico. Aunque esto no se nos ha solicitado, la realidad es que las ciudades y estados que estén otorgando estas cosas pudieran perder los fondos federales. Así que nosotros, por nuestra parte, vamos a hacer toda esta interpretación, tanto la secretaría de Justicia, (Janet Parra), como la secretaría de Estado, (Verónica Ferraiuoli), que tendrá reunión esta semana en Washington. También verificaremos cómo se estarán manejando todas estas cosas”.

En Puerto Rico, los indocumentados no tienen acceso a la tarjeta de salud del gobierno, llamada Vital. Esto se debe a que uno de los requisitos del Medicare y Medicaid es que los beneficiarios sean ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, leyes federales y estatales conceden que, al menos, a los inmigrantes no se les niegue el acceso a servicios de salas de emergencias y de cernimiento, aun cuando no tengan capacidad de pago. A nivel federal, rige la regulación Emergency Medical Treatment & Labor Act (EMTALA) y en la Isla sería a la Ley 194 del 2000, conocida como la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente.

Mientras, el beneficio de la licencia de conducir se les extendió a los inmigrantes bajo la ley 97 del 2013, aprobada bajo la administración de Alejandro García Padilla. La misma permite a las personas extranjeras sin estatus migratorio oficial, y que hayan residido en la Isla por un periodo mayor a un año, solicitar una licencia de conducir provisional. La misma no representa una identificación valida, sino un permiso para manejar.

Si el gobierno de González Colón interesa suspender el conceder licencias de conducir, deberá derogarse la mencionada ley.

En sus expresiones, la gobernadora no detalló cuántos inmigrantes se han arrestado en Puerto Rico. Pero, aclaró que se han realizado intervenciones en los puertos y aeropuertos, en el municipio de Carolina y en la comunidad de Barrio Obrero, en Santurce.

Detalló que los funcionarios federales le han precisado que los operativos en la Isla se realizan contra indocumentados que tengan récord criminal tanto en su país de origen, como en la Isla. Expuso que le indicaron que un 44% de los inmigrantes residentes en Puerto Rico cumplen con este requisito.

La preocupación que tuvo González Colón se debe a que toda aquella persona que acompañe a una persona con problemas legales también correrá la suerte de ser deportado.

“Me preocupan las personas que estaban acompañado y fueron arrestados por estar en el lugar incorrecto”, precisó la ejecutiva.

Indicó que los federales le aseguraron que estos operativos no están dirigidos exclusivamente a la comunidad dominicana que reside en Puerto Rico. Señaló que, de manera ilegal, también hay brasileños, afganos, orientales y rusos, entre otros.

La funcionaria también mostró preocupación por las posibles intervenciones a escuelas, hospitales e iglesias. Señaló que en el encuentro con los funcionarios federales se acordó establecer un protocolo para atender estos casos.

Gonzalez Colón explicó que su gobierno actuará para poner en vigor la orden ejecutiva de Trump, ya que “Puerto Rico no se puede dar el lujo de no cumplir con ella” ante la amenaza de la pérdida de fondos federales.

Destacó, además, que Puerto Rico ha obtenido ya un beneficio de esta política anti inmigratoria de Trump, pues se han enviado más agentes para trabajar en las agencias federales y se designó un nuevo escuadrón de la Guardia Costera.