El informe de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre la ocupación de terrenos en la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas se queda para la próxima sesión ordinaria que inicia a mediados de agosto, dijo el presidente del organismo legislativo, Edgardo Feliciano Sánchez.

El legislador indicó que en estos meses de junio y julio, la comisión dará “espacio” para que la pesquisa que desarrolla el Departamento de Justicia sobre las construcciones ilegales, siga su curso.

“Si Justicia no actúa, nosotros someteremos nuestro informe al pleno (de la Cámara). El informe de la comisión está casi terminado. Decir que vamos a referir a una persona en particular, esa parte no está contemplada”, sostuvo Feliciano Sánchez en declaraciones a Primera Hora. No obstante, indicó que sí podría haber referidos contra las agencias públicas que se alega “se hicieron de la vista larga” mientras continuaban las construcciones ilegales en los terrenos protegidos.

“Eso lo sabe todo Puerto Rico. Es una cosa que venía arrastrándose de tiempo atrás y en la pandemia se aprovecharon”, dijo para agregar que el informe también propondrá acciones remediativas como mitigación del área impactada.

“El daño que causaron allí tiene que tener repercusiones. No podemos quedarnos cruzados de brazos”, sentenció el representante popular por el distrito 12, que comprende los municipios de Vega Baja, Vega Alta, Morovis y Manatí.

Dijo que los técnicos de la comisión trabajan en el informe, “pero dándole espacio” al Departamento de Justicia. “La agencia nos aseguró que su pesquisa estaba bien adelantada. Nosotros le dimos toda la información que ellos pidieron, le hemos dado todo lo referente a la información que nos ha brindado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Cooperamos con unos expedientes que le hacían falta”, sostuvo el legislador.

Indicó también que la comisión legislativa puso a la disposición del Departamento de Justicia a la persona que supuestamente, reside en la zona marítimo terrestre y les pidió inmunidad.

Feliciano Sánchez dijo que se trata de “una persona que alega que hizo gestiones con un tercero para que le dieran los permisos (las conexiones de agua y luz) y está dispuesto a cooperar”.

La representante Mariana Nogales Molinelli, quien fue la primera en denunciar públicamente las construcciones ilegales en la Reserva Natural, dijo que “no descansará” hasta que se esclarezcan los crímenes ambientales ocurridos en el lugar.

“En nuestro caso, solicitamos que se cite a Tania Vázquez (ex secretaria del DRNA) y no vamos a descansar hasta que este caso se investigue en su totalidad y respondan todos los que cometieron actos ilegales y crímenes ambientales, tanto personas privadas como del sector público”, sostuvo la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Que este caso sirva de ejemplo y detente a quienes creen que pueden estar por encima de la ley. Ni los privilegios, ni las vinculaciones políticas los salvarán”, sostuvo Nogales Molinelli.

El pasado mes de mayo, tras una reunión con los miembros de la Comisión de Recursos Naturales, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, advirtió que conceder inmunidad a cualquiera de los invasores o participantes en el esquema de permisos fatulos en la Reserva Bahía de Jobos en Salina, afectará la investigación criminal que lleva a cabo la agencia, y que cuenta con cerca de un centenar de testigos.

En la reunión, en la que también participó la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, la comisión acordó de forma unánime no conceder inmunidad a ninguna de las personas que ocuparon de forma ilegal terrenos en el llamado Camino del Indio.

“Nosotros no favorecemos la inmunidad bajo ningún concepto, excepto en casos que sean realmente super extraordinarios, pero en este momento no veo la inmunidad”, indicó entonces el Secretario de Justicia.

El pasado 6 de mayo, en otra reunión ejecutiva, la Comisión había decidido no conceder por el momento el privilegio de inmunidad a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, que tienen propiedades con permisos “fraudulentos” en la zona marítimo terrestre en Bahía de Jobos en Salinas y los exhortó a cooperar con la investigación legislativa.

Emanuelli sostuvo que la inmunidad legislativa “es una potestad de los señores y señoras legisladores”, pero indicó que hay consenso, tanto de la Legislatura, de la Comisión como del Departamento de Justicia, en que utilizar ese mecanismo actualmente en la pesquisa legislativa, afectaría la investigación criminal.

Dijo que la investigación que lleva a cabo Justicia sobre los terrenos ocupados en la Reserva natural, “está bien completa, bien coordinada y nos proponemos citar unos 80 a 100 testigos, por lo menos identificados hasta ahora”.

Emanuelli sostuvo que la investigación “está bien encaminada porque vamos a cubrir todas las áreas”, pero dijo que no están próximos a radicar denuncias. “Queremos radicar una cosa bien completa, porque nosotros vamos a perseguir delitos ambientales y otros, como falsificación de documentos y traspaso de documentos”, abundó.

Además de la pesquisa que lleva a cabo el Departamento de Justicia, las autoridades federales también investigan las construcciones ilegales en la Reserva.

El pasado 3 de junio, la secretaria interina del DRNA ordenó la demolición de nueve estructuras y muelles que se construyeron de manera ilegal en zonas protegidas de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.

La titular concedió 30 días para llevar cabo dichas determinaciones, que deben ser cordinadas por la agencia ambiental.