Con una votación de 13 a 11, las minorías se impusieron hoy sobre la mayoría popular en el Senado, al no acoger el informe de la Comisión de Ética que buscaba castigar solo con un voto de censura y reprimenda pública al senador Albert Torres Berríos, luego que empleados del legislador alegaron en una querella ser objeto de un patrón de maltrato verbal y de solicitudes de dinero.

La delegación novoprogresista -integrada por 9 senadores-, dos senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la senadora independentista María de Lourdes Santiago y el senador independiente, José Vargas Vidot votaron en contra de que se recibiera el informe en el pleno. Mientras, 10 senadores de la mayoría popular y la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, votaron a favor de que el informe se diera por recibido.

El informe de 24 páginas, aprobado en diciembre pasado en votación de 9-4 en la votación interna de la Comisión de Ética, suscitó esta tarde una discusión en el hemiciclo senatorial, pues algunos senadores reclamaron que el informe de mayoría y el de minoría eran contradictorios. Al no ser acogidos los dos informes, ninguna de las las sanciones recomendadas le será aplicada al legislador.

Al momento de la discusión Torres Berríos, senador por el distrito de Guayama, no estuvo en el hemiciclo del Senado.

El informe de la querella concluyó que “el senador no solicitó dinero a sus empleados “ni de manera directa ni indirecta”, que no hubo un patrón constitutivo de acoso laboral y recomendó amonestarlo con un voto de censura y reprimenda pública. Pero, cuatro de los senadores de minoría que integran la comisión, rindieron un informe separado, que recomendó castigar además, a Torres Berríos, con una multa de $5 mil, que se le separe de forma permanente de la presidencia de comisiones legislativas, se ordene a la oficina de Recursos Humanos que continúe la investigación y que el expediente sea referido al Departamento de Justicia.

La vice presidenta del Senado, Marially González Huertas, quien condujo la investigación de la Comisión de Ética y rindió el informe de mayoría, dijo que el pasado 11 de enero recibió una carta del Departamento de Justicia solicitándoles información del expediente y que esta “se entregó el 20 de enero”.

El portavoz de la minoría novoprogresista, Thomas Rivera Schatz arguyó que el asunto que no estaba listo para atenderse hoy. “Hay grandes contradicciones y enormes insastisfacciones”, indicó para agregar que la Comisión de Ética “no cumplió su trabajo, pues el informe de la mayoría debe dejar abosolutamente claro en la conciencia de los senadores que van a votar, los hechos irrefutables”.

“Algunos han esbozado mensajes legales y jurídicos, pero aquí no estamos en el tribunal. Hay que seguir los procesos éticos”, argumentó en un turno el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Después que una comisión con votación votó 9-4 a base de información que ellos tenían ante sí, entonces el cuerpo decide dejar el expediente abierto para seguir masacrando a un compañero, cuando no ha habido evidencia en la comisión para lograr una votación en su contra, para lograr una expulsión. Eso sí sería atropello, dejarlo a merced de la crítica pública, cuando el informe de la comisión demostró lo contrario”, dijo el líder legislativo.

Dalmau Santiago rechazó que el informe fuera devuelto a la Comisión de Ética y pidió un voto a favor o en contra. “Yo les pido que votemos a favor porque entre un informe de mayoría y de minoría, lo que hay es un referido y una multa, esa es la única diferencia, prácticamente concluyeron lo mismo. Pues votemos, llevemos a cabo el acto de censura y si hay alguna persona o una perjudicada que quiere ir más allá, tiene a las agencias del gobierno pertinentes para llevarlo. Seríamos bien injustos con un compañero después de una votación en una comisión y no lo digo en tono de defensa porque yo fui el que pidió que lo investigaran, pero ya se investigó y ya se votó”, dijo.

La senadora María de Lourdes Santiago reclamó que hubo “resistencia” a que los testigos declararan y que hubo empleados que la mayoría no dejó que prestaran testimonio. Sostuvo que la investigación surgió porque una agrónoma del Departamento de Agricultura que laboraba en destaque en la oficina del legislador fue a quejarse a la Oficina de Recursos Humanos del Senado porque no había recibido un diferencial de $2,500 y le informaron que había sido por órdenes de Torres Berríos.

“Dentro de las declaraciones que presentó la agrónoma de manera inexplicable fueron descartadas por el informe de la mayoría que se somete al cuerpo. La agrónoma que trabajaba bajo las órdenes del senador Albert Torres, relató por ejemplo, que en una ocasión le pidió con la frase: ‘Alba llévame la gallinita’, que le entregara aquí en el hemicilo, donde estamos, $200 en efectivo que él le había requerido al esposo de ella como parte del arreglo de retribución, lo que se conoce como kick back, a cambio del empleo de ella. Ante la negativa de la agrónoma de realizar ese trámite en el hemiciclo, la entrega se realizó en el vestíbulo de las oficinas del señor presidente del Senado, a la salida del Salón Café”, sostuvo la legisladora al indicar que estas alegaciones fueron recogidas en el informe de minoría.

“No existe evidencia de que el senador solicito dinero ni se configuró el acoso laboral, dijo por su parte, la senadora Rodríguez Veve.

El informe de la Comisión de Ética dice en las conclusiones que el senador pronunció palabras soeces que afectaron a Ia señora Alba Margarita Gonzalez Rivera y que esta estuvo expuesta a conducta impropia en el entorno laboral de Ia oficina del legislador, pero no se presentó prueba de un patrón de acoso laboral ni de solicitudes de dinero de parte del senador.

“El senador, con su conducta, afectó Ia imagen y el decoro que se debe observar ante los empleados y todo personal del Senado de Puerto Rico”, sostiene el documento.

Dice también en sus conclusiones, que integrantes de la oficina del senador Torres Berríos solicitaron dinero voluntario a otros empleados, sin la anuencia del legislador y que éste “desautorizó inmediatamente las solicitudes de dinero voluntario realizadas por su personal”.