Un informe del Instituto de Ciencias   Forenses (ICF) concluyó que el ADN de Juan Ortiz Crespo, gerente de seguridad del Municipio de Carolina, estaba presente  en dos piezas de ropa interior de una mujer que lo acusó de haberla violado. 

Ese documento -que era una  evidencia clave- nunca desfiló en el juicio en contra del funcionario, acusado de violación  a la Ley de Ética Gubernamental y acoso sexual laboral, debido a que la seróloga que hizo el análisis se mudó fuera de Puerto Rico y no estaba disponible para regresar durante las fechas del  juicio.

Finalmente, el 13 de mayo, Ortiz Crespo fue declarado no culpable. 

Ahora varios expertos cuestionan por qué no se buscaron opciones para que esa prueba fundamental se evaluara. 

“El perfil genético de las piezas de evidencia (corte camisa blanca),... y (corte #1 del panty de colores)... concuerda con el perfil genético de la muestra de referencia DNAS-14-0005-014 (Juan Ortiz Crespo, colector bucal)”, reza parte del   informe que nunca vio la luz, copia del cual tiene  Primera Hora.

Hay una probabilidad de 101 quintillones más de que  ese ADN sea de Ortiz Crespo que de cualquier otro puertorriqueño, dice el documento.

El abogado del gerente de seguridad,  Michael Corona, había dicho durante el juicio, fuera de sala, que el informe se podía interpretar de distintas maneras y repudió que el fiscal hablara de sus conclusiones ante la prensa.

Algunos expertos apuntan a que había forma de que el documento llegara ante la consideración de la jueza Berthaida Seijo Ortiz.

Consultada por Primera Hora,  María Conte, presidenta de la Academia de Patología y ex directora del ICF dijo que esa institución está acreditada desde el 2010 y por lo tanto cualquier otro perito podía declarar y explicar en corte el contenido del informe, ya que los procesos están estandarizados y los resultados no dependen de la habilidad de la persona.

Asimismo, lamentó que con los avances en la tecnología no haya las facilidades para hacer videoconferencias.

“Esa decisión de no aceptar otro peritos es totalmente divorciada de la realidad de cómo opera el ICF: la gente se muere, renuncia, se retira, esa es la realidad de la vida  en cualquier industria... El ICF tiene las suficientes garantías de confiabilidad para que se asegure el proceso de análisis independientemente de quién lo haga. Hay resultados que son objetivos, seguros y confiables; los tribunales no pueden aislarse. Además hay muchas alternativas a la presencia física tradicional de estar como testigo en un tribunal”, declaró Conte.

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, dijo que la ausencia de la persona que hizo el análisis de ADN definitivamente no da pie para que cualquier otro  perito declare sobre esas pruebas porque se interfiere con el derecho del acusado de hacer “preguntas inteligentes sobre ese examen y... bajo esa premisa se abre la puerta a  que cualquiera pueda fabricarte un caso”.

Sin embargo, una posible solución a la ausencia de la seróloga en lo que se aprueba el método de videoconferencia -que  solo está permitido en vistas con antelación al juicio en casos civiles y cuando el testigo está en prisión- era la deposición.

Fontanet indicó que ese recurso está aprobado por las Reglas de Procedimiento Penal y si la fiscalía está organizada y en comunicación con sus testigos podía preveer la situación y buscar alternativas para que desfilara esta importante prueba. 

“Si se sabía con anterioridad que la perito no iba a estar en Puerto Rico se le podía citar a una deposición y allí tanto el fiscal como el abogado podían interrogar a ese testigo sobre la prueba... eso es aceptado en los tribunales y no se interfiere con los derechos del acusado”, destacó.