La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, se mostró inconforme con la propuesta presentada por el gobernador Alejandro García Padilla de revivir el Impuesto al Valor Añadido (IVA) con una tasa algo menor a la contenida en el derrotado proyecto de reforma contributiva porque “no se distancia significativamente de la propuesta rechazada por la inmensa mayoría de los diversos sectores del país en las pasadas semanas”.

Las declaraciones de Cruz Soto, quien desde un principio dejó clara su oposición a la reforma contributiva presentada por la administración del Partido Popular Democrático (PPD), surgen luego del anuncio que García Padilla hiciera ayer, lunes, de proponer nuevamente un IVA.

Según fuentes del periódico El Nuevo Día, la tasa que propuso el gobernador sería de 11.75%, que sumado al impuesto municipal de 1.5%, subiría a 13.25%. Esas mismas fuentes describieron la propuesta del primer ejecutivo como una híbrida que combina el IVA, el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y otros arbitrios.

“Las medidas de recaudo que pongamos a consideración del país deben ser: equitativas y justas”, expuso la alcaldesa en declaraciones escritas.

“Se deben producir los recaudos de aportaciones de los diferentes sectores; enfocadas en encaminar el desarrollo económico de Puerto Rico; de amplia participación ciudadana; y los recaudos deben venir acompañado de los continuos esfuerzos de reducción de gastos en el gobierno”, agregó en un comunicado de prensa.

Entre las medidas que propuso la ejecutiva municipal, muchas de las cuales ha presentado desde febrero pasado, está el aumentar el IVU de un 7% a un máximo de 10%. Asimismo, sugirió aumentar la fiscalización del IVU de manera inmediata a través de la integración de los municipios y el Departamento de Hacienda.

Una tercera medida propone aumentar las penas a los comerciantes por el incumplimiento del pago del IVU e incrementar el impuesto a las empresas foráneas entre un .25 y un 1%.

Una recomendación adicional de la alcaldesa procura gravar el dinero que se produce en Puerto Rico, pero sale del país inmediatamente.

“A mediano plazo -o sea para que rinda un informe inicial en los próximos dos meses- debemos establecer un comité de trabajo continuo entre el sector privado, las uniones, los municipios y el gobierno central, las organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil que produzca y evalúe ideas para continuamente reducir los costos del gobierno y para que genere un plan de trabajo sobre la restructuración del gobierno a todos sus niveles”, acotó Cruz Soto.

“Además debemos tener conversaciones transparentes con los bonistas para renegociar la forma de pago y así lograr un espacio que permita al país ‘respirar’ en lo que se canalizan las iniciativas de ingresos, de control de gastos y de desarrollo económico a largo plazo”, puntualizó.