Los problemas presupuestarios que durante meses han plagado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se tradujeron ayer en una caótica jornada primarista, repleta de problemas que evitaron que miles de electores pudieran ejercer su derecho al voto y causó que, por primera vez, se suspendieran unas primarias.

La CEE avaló ayer un acuerdo alcanzado por los presidentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) para suspender el evento electoral en aquellos centros de votación que, a la 1:45 p.m., no había comenzado el proceso. El evento se retomaría en esas unidades el próximo domingo, 16 de agosto.

“Esto es la crónica anunciada de la incapacidad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (Juan Ernesto Dávila) porque se lo estamos advirtiendo, la imprenta no estaba dando las papeletas en el tiempo acordado”, manifestó el presidente del PPD, Aníbal José Torres.

A las 8:00 a.m., Torres señaló que habían salido menos del 20% de los camiones que llevarían los materiales a los colegios electorales. A las 11:00 a.m., el PPD había enviado material electoral a 28 de los 110 precintos, mientras que el PNP trabajaba con el embalaje de los maletines desde el precinto 70 en adelante.

A las 3:00 p.m., antes de que se anunciara la suspensión de las primarias, los empleados que durante horas habían estado en el Centro de Operaciones Electorales de la CEE, en Hato Rey, empacando papeletas en los maletines que se enviarían alrededor de la isla, dejaron sus puestos.

La posposición de las primarias fue apoyada por la gobernadora y aspirante a la gobernación por el PNP, Wanda Vázquez Garced, y los precandidatos por el PPD: Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz Soto. Mientras, el también aspirante a la gobernación por el PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altieri y, por el PNP, Pedro Pierluisi, además de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, coincidieron en que la votación debió haber continuado ayer.

“La decisión de paralizar el proceso de la primaria fue ilegal. No estoy de acuerdo con esa acción e insisto en que se debió continuar”, manifestó Pierluisi.

No obstante, suspender las primarias solo en los centros de votación que no recibieron el material electoral a tiempo y retomarlas otro día es el escenario más viable para hacer un balance entre proteger el voto de los ciudadanos que llegaron a emitir su sufragio y garantizar este derecho constitucional a los que no tuvieron una papeleta en sus manos, expresó el profesor de derecho electoral y exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo.

“La única alternativa es respetar el derecho a voto donde las primarias llevan varias horas votando, y que han votado miles de puertorriqueños, haciendo una y dos horas de fila. No puedes invalidar eso. Donde no ha empezado la votación, se tiene que hacer a una fecha futura, cuando se pongan de acuerdo los partidos”, señaló Acevedo.

Echan culpas

Cuando los atrasos en la entrega de las papeletas comenzaron a concretarse, los aspirantes a las candidaturas por la gobernación se limitaron a lanzar culpas, a animar a los funcionarios de colegio y a pedirle a los electores que esperaran por las boletas y emitieran sus votos en las primarias.

Ya en la tarde, cuando era evidente que los retrasos eran inmanejables, que las votaciones habían fracasado y los procesos se habían detenido, la mayoría de los aspirantes pedían la renuncia del presidente de la CEE, lanzaban ataques a los adversarios políticos, y hasta cuestionaban la legitimidad de este proceso electoral.

Los candidatos del PPD, además de criticar o exigir la renuncia de Dávila Reyes, responsabilizaron a la gobernadora Vázquez Garced y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, alegando que la reforma electoral, aprobada en junio de este año, había provocado esta crisis.

La alcaldesa de San Juan y aspirante a la gobernación por el PPD, Carmen Yulín Cruz Soto, fue especialmente crítica y tildó de “corrupta” a Vázquez Garced. La alcaldesa dijo, sin mostrar evidencia, que lo ocurrido era una artimaña de la gobernadora para entorpecer la pulcritud del ejercicio electoral y “robarse las elecciones”.

Mientras, la gobernadora Vázquez Garced, en medio de la disputa pública, lanzó dudas sobre la legalidad de una comunicación ocurrida ayer entre su adversario y el presidente de la CEE. En la crítica evocó la corta e inconstitucional gobernación de Pierluisi, tras la renuncia de Ricardo Rosselló, al señalar que “él ya nos tiene acostumbrados a usurpar el poder”.

Pierluisi, en cambio, contestó descartando cualquier ilegalidad con el intercambio ya que se dio en el contexto de la emergencia por la falta de papeletas y reiteró que su comunicación con la CEE era para darles la oportunidad a los electores de votar.