El Área de Pre-Intervención y Exámenes de la Oficina del Inspector General (OIG) identificó este martes irregularidades en los procesos de contratación de servicios profesionales en la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (CCCPRC), luego de realizado un examen a la entidad.

De la información suministrada y evaluada, se encontraron situaciones en las que la corporación pública pudo haber incumplido con las leyes y normas de contratación gubernamental. Las posibles deficiencias señaladas incluyen: pagos sin contratos vigentes; falta de estudio para determinar si el contrato representa un puesto; incumplimiento con la solicitud y certificación de estatus de elegibilidad para empleo en el servicio público de los presidentes o signatario del contrato cuando sea una persona jurídica; ausencia de cláusulas mandatorias; certificaciones requeridas o vencidas y; deficiencias en las cláusulas de contrato.

Durante el examen a los contratos formalizados desde 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2021 y las facturas y pagos evaluados, que suman una cantidad aproximada de $7,406,502.14, la agencia reguladora observó que algunas de estas no son detalladas ni incluían los informes de labor realizada a pesar de que existe robusta legislación al respecto.

Además, dicho informe denuncia que se encontró inconsistencia en la aplicación del descuento de la aportación especial del 1.5% y errores en tres de las cinco declaraciones informativas requeridas por las leyes aplicables y el Departamento de Hacienda. Igualmente, dicha oficina encontró deficiencias de control interno en el área fiscal.

Según la OIG, la CCCPRC necesita mejorar su sistema de control interno para corregir las deficiencias identificadas en el cumplimiento con la contratación de los servicios profesionales y consultivos en el gobierno a tenor con las disposiciones legales vigentes, asimismo, emitió las recomendaciones para corregir las deficiencias y requerir capacitación compulsoria en materia de contratación gubernamental a su personal a cargo de formalizar contratos dentro de los próximos 120 días.

Conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley Núm. 15-2017, el Inspector General podrá imponer sanciones administrativas por violación a las normas, reglamentos, órdenes y recomendaciones emitidas por la OIG.

La OIG reitera el llamado a proveer información relacionada al mal manejo de fondos públicos a través de la línea confidencial 787-679-7979 o través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.