Los comentarios se recibieron mediante correo electrónico en un plazo de siete días estipulados por el organismo federal, confirmó José Luis Cedeño, portavoz de prensa de la Junta en la Isla. El término para exponer planteamientos al grupo designado por el presidente estadounidense Barack Obama venció ayer.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de Industriales figuran entre las entidades que han emitido señalamientos a la Junta. En el caso de ambos grupos la petición de información surgió de la propia Junta, dijo Cedeño.

El portavoz de la Junta estimó que todos los comentarios recibidos se publicarán en Internet, probablemente, la semana próxima, con excepción de los que sus emisores pidieron mantener confidenciales.

Mientras, grupos como el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho (CEED) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sometió a la Junta expresiones en contra de la reducción del presupuesto de la institución.

“Hemos sometido una comunicación a la Junta de Control Fiscal para dejarles saber que estamos opuestos a cualquier recorte propuesto al presupuesto de la UPR y que nos oponemos firmemente al aumento en los costos de estudio. Entendemos que un incremento en los costos de estudio representaría una limitación al acceso hacia los estudiantes provenientes de sectores socioeconómicamente desaventajados”, sostuvo el presidente del CEED, Giancarlo Colberg, en declaraciones escritas.

Aunque ya anticiparon sus posturas, algunas de las entidades tendrán portavoces invitados a la primera reunión que sostendrá la Junta en Puerto Rico, mañana, viernes, en el Hotel El Conquistador de Fajardo. La selección de esos participantes se haría ayer tarde.

El plan fiscal a 10 años, presentado por el gobernador Alejandro García Padilla el pasado 14 de octubre, fue ordenado por la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (Promesa, por su sigla en inglés). 

Entre otras cosas, el plan propone medidas de reducción de gasto ascendentes a $10,400 millones. Para lograrlo, se reduciría el 10% de nómina y un 17% en otros costos operacionales como resultado de la consolidación de escuelas y de agencias de gobierno.

García Padilla dijo el martes que “para poder garantizar que el gobierno siga proveyendo servicios a la ciudadanía al vencer el periodo de paralización de demandas dispuesto en Promesa, el próximo 15 de febrero es indispensable que la Junta apruebe, sin dilaciones adicionales, nuestro Plan Fiscal y trabaje con el nuevo gobierno en la radicación de un caso de restructuración de toda la deuda, conforme con el Título 3 de Promesa

Aparte del plan fiscal, en la reunión en Fajardo la empresa Conway MacKenzie, que asesora a la presente administración, hablará sobre la liquidez gubernamental. Luego se aludiría a la deuda de la AAA

El profesor de economía Antonio Fernós Sagebién opinó que el informe sobre la liquidez del gobierno lo deberían exponer directivos del Departamento de Hacienda y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Yo no entiendo por qué la gente de Conway MacKenzie va a estar allí porque ellos no han sido los más acertados en sus pronósticos. Además, que las proyecciones de liquidez se hacen en Hacienda y en el BGF”, manifestó el profesor del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

“No sé por qué les dieron esa tarea a ellos, porque no producen los datos sino que los cotejan”, puntualizó.

Según el economista, quizás debió atenderse primero el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ya tiene un trecho andado en sus negociaciones con acreedores para la reestructuración de la deuda.

“Debió ser la Autoridad de Energía Eléctrica porque por lo menos ellos tienen un proceso enc aminado y han estado bregando con los bonistas. A estas alturas, por qué no empezar por ahí”, expresó Fernós Sagebién.

La reunión iniciaría a las 8:30 a.m., pero solo entrarán personas por invitación. El gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares, se reunirá con el organismo luego de la sesión.