El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) alertó este martes durante una vista pública ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que necesitará un incremento en la asignación de fondos para mantener el buen funcionamiento que ha distinguido a la agencia por los últimos años.

De acuerdo con la ponencia presentada por la doctora María Conte Miller, directora del ICF, la solicitud de fondos para el próximo año fiscal 2025-26 que hace la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es de poco más de $32 millones, lo que supera por unos $9 millones la asignación que propone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Parte de esos gastos son para cubrir la nómina con salarios atractivos y reclutar nuevo personal especializado, entre ellos los patólogos forenses, profesión altamente competitiva y con limitada cantidad de recursos a través de todo Estados Unidos.

Otra parte sería para cubrir gastos operacionales, entre los que se incluyen tecnología, transformación digital, mantenimiento y reparación de equipos (generadores, microscopios, procesadores de muestras, escáneres, entre otros), la ejecución de pruebas, el manejo de cadáveres y su entrega a las familias, pago de acreditaciones, limpieza y mantenimiento de instalaciones, transportación, entre otros, incluyendo los aumentos de tarifas de entre 20% a 30% de parte de los suplidores.

Según la solicitud, el ICF está pidiendo unos $19.9 millones para los gastos de nómina, un incremento de $4.2 millones comparado con el último presupuesto.

Conte Miller justificó ese aumento presentando el trasfondo de los avances acontecidos en el ICF por los pasados tres años, incluyendo las mejoras salariales que han ayudado a la retención de personal especializado en puestos críticos y esenciales, así como el reclutamiento de nuevo personal.

La doctora resaltó que “el mejoramiento del ICF, el mantenimiento de las acreditaciones y la eficiencia lograda en los últimos años es el resultado de haber contado con los recursos fiscales para poder llegar a ese nivel de cumplimiento”.

Destacó, además, que el ICF actualmente está “entre los 15 mejores institutos del mundo”, y fue reconocido por segundo año consecutivo con uno de los más prestigiosos galardones que se otorgan a institutos forenses a nivel mundial, algo que indicó “conlleva una gran responsabilidad que debe estar respaldada por un presupuesto que viabilice el sostenimiento de ese nivel de calidad, eficiencia y cumplimiento”.

“Lo que hemos alcanzado con tanto esfuerzo, no se puede dejar caer. Necesitamos los recursos para mantener ese nivel de eficiencia y cumplimiento, y seguir ampliando el impacto real que tiene ese esfuerzo en la lucha contra el crimen”, afirmó Conte Miller.

“No podemos pensar que lo hemos alcanzado en estos años es suficiente. Cada logro requiere mayor compromiso y recursos para mantenerlos, y seguir el camino a la excelencia”, añadió.

Conte Miller aseguró que “los recursos asignados al ICF continuarán siendo administrados de forma responsable y en cumplimiento cabal con los deberes y obligaciones establecidos en el ordenamiento legal”.

“Está demostrado que cada centavo asignado al ICF está destinado al servicio y tiene un retorno constante de inversión constatable y medible en la gran tarea que tenemos todos de combatir el crimen y hacer justicia”, insistió.

Justicia también pide más chavos

En la vista también depusieron otras agencias, como el Departamento de Justicia, que también expuso su necesidad de aumentos de fondos para la contratación de más fiscales, y para cubrir aumentos en gastos operacionales, que incluyen fondos para instituciones sin fines de lucro que colaboran con la agencia, pago de licencias que antes se cubrían con fondos federales, aumentos en pagos por mantenimientos de equipos y tecnología, entre otros asuntos.

La secretaria designada de Justicia, Janet Parra, resaltó la necesidad de contratar más fiscales, en particular para atender los delitos económicos y los casos de corrupción. Además, insistió en que el Departamento necesita un albergue para acoger a las víctimas de violencia doméstica, pues no pueden llevarlas al lugar con el que cuentan ahora, donde está un grupo de personas que incluye a testigos de crímenes y participantes de delitos, que están colaborando con la agencia, entre otros.

Explicó que, actualmente, cuentan con la colaboración de instituciones sin fines de lucro para atender a las víctimas de violencia doméstica.

La asignación de presupuesto consolidado que solicita la OGP para el DJ es de $204 millones, mientras que la asignación propuesta por la JSF es de $186 millones.

Asimismo, la Junta de Libertad bajo Palabra también solicitó un aumento de presupuesto de sobre $300,000 para cubrir tres posiciones que considera esenciales para el funcionamiento correcto de la agencia, como la de un abogado senior, pues carecen de una división legal.

El presupuesto consolidado solicitado por la OGP para la Junta de Libertad bajo Palabra es de $3.1 millones.