Una nueva ley busca otorgar a las personas con impedimentos recursos adicionales para conseguir trabajo.

La ley 128 de 2014 enmienda la más reciente ley orgánica de la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos, de 2013, para imponerles crear un banco o registro de personas discapacitadas que interesen incorporarse a trabajar.

El registro debe incluir la preparación académica, experiencia de trabajo, habilidades y destrezas de las personas interesadas en integrarse al mundo laboral, según la ley.

Además, el estatuto provee para que la procuraduría de las personas con impedimentos tenga la obligación de divulgar esta lista mediante una campaña de información.

El banco y la campaña de divulgación emanarían de la creación del sistema integrado de cumplimiento laboral. Esa encomienda busca crear "un instrumento continuo de fiscalización y ajuste a la política pública", según el estatuto.

Esta oficina recopilaría estadísticas sobre la inclusión de personas con impedimentos en el mundo laboral. Además, se prepararían informes sobre si las condiciones de empleos se ajustan a esta población.

Según la exposición de motivos de la ley, unos 900,000 habitantes en Puerto Rico informaron en el Censo de 2010 sufrir de alguna limitación física, lo que equivale al 25% de la población.

"Reclaman y merecen un trato justo y digno para la atención de sus particulares necesidades", reza la exposición de motivos.

La ley fue firmada por el gobernador Alejandro García Padilla el 4 de agosto y proviene del proyecto 1361 del representante José R. "Pito" Torres Ramírez. La ley entra en vigor en seis meses para que la oficina promulgue los reglamentos necesarios para el cumplimiento de la ley.