El juez federal Raúl Arias Marxuach determinó anoche que el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, no tendrá que testificar en el juicio civil que se realiza contra el municipio por no haber protegido a una víctima de acoso sexual por parte de su hijo, Héctor “El Cano” O’Neill Rosa.

La determinación, contenida en el expediente del caso en el Tribunal federal de Distrito, surge luego de que los abogados de Inés María Jelú Iravedra, José Quetglas y Pedro Vázquez, presentaran una moción el pasado miércoles en la noche en la que exponían que alguaciles federales no habían podido emplazar a O’Neill García para que compareciera al juicio civil.

Se desprende del récord judicial, que del 9 al 23 de octubre se intentó infructuosamente conseguir al exalcalde en la dirección conocida por el Tribunal federal de Distrito y los abogados para que compareciera al juicio civil en el que Inés María Jelú Iravedra enfrenta al municipio. Sin embargo, ayer se determinó que el proceso de emplazamiento “no se ejecutó”.

Ante el pedido, Arias Marxuach aceptó que se presentara una deposición que O’Neill García realizó el 14 de agosto de 2017 como prueba en el juicio. El documento no se ha hecho público.

Esta controversia por la supuesta imposibilidad de encontrar a O’Neill García se dio justo cuando el exalcalde compareció ayer al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón a una vista de los estados de los procedimientos. El exalcalde está próximo a enfrentar dos juicios por delitos graves, que incluyen violencia de género, agresión sexual, acoso sexual y violaciones la Ley de Ética Gubernamental, hechos que salieron a la luz pública luego del caso presentado contra su hijo.

Pero el caso en que Jelú Iravedra es víctima, no se realiza un enjuiciamiento criminal, sino un juicio por una demanda civil.

Cabe destacar que el pasado 14 de octubre la mujer retiró voluntariamente la demanda que pesaba contra el supuesto victimario y quien es hijo del exalcalde sin obtener ninguna compensación. No obstante, prosiguió con la demanda contra el municipio, en la que pide $300,000 por leyes federal y $3 millones por leyes estatales.

El actual alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, intentó llegar a una transacción monetaria con la querellante, pero la Legislatura Municipal no le dio paso a una resolución que le hubiese concedido a la abogada $600,000 por los daños sufridos. Ante este marco, es que comenzó el juicio civil contra el municipio, que hoy se extiende a su cuarto día.