Rosselló Nevares explicó en comunicación escrita que “los hallazgos de esa investigación (...) deberán ser remitidos a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, para que (...) se proceda según corresponda”.

Hasta anoche, O’Neill no se había expresado en cuanto a la petición de renuncia.

Como documentó este medio, el alcalde evadió a toda costa hablar sobre el mencionado pacto hasta que ayer, a dos horas de que se cumpliera el plazo que el gobernador le dio para que se expresara públicamente, entró de golpe a una sala donde se había citado a la prensa y sin saludos ni protocolos comenzó a leer un documento de dos páginas.

“He hecho un esfuerzo de proteger la confidencialidad de un asunto privado”, inició su monólogo dividiendo a sílabas la última palabra: “pri-va-do”.

“Estoy consciente que mi silencio, respondiendo a consideraciones legítimas, ha abierto la puerta para todo tipo de especulaciones e imputaciones falsas, malsanas y que intentan lanzar sombras sobre una trayectoria de toda una vida de servicio público”, dijo el alcalde que recién estrena su quinto término a la cabeza del municipio.

Ahí insistió en que en ningún momento “se aceptó o reconoció el haber hostigado, vejado o maltratado a ninguna mujer”, aseguró que no renunciará y que no se utilizó fondos públicos para “comprar la paz”, como le llamó su abogado, el reconocido penalista Joaquín Monserrate Matienzo, al acuerdo monetario que llegó con la querellante, Yenetamine Díaz Zayas.

O’Neill sugirió que será hasta mayo que se podrá “aclarar cualquier duda” relacionada con sus finanzas. Es entonces cuando le corresponde rendir sus informes, según la Ley de Ética Gubernamental.

Aun así su equipo fue armado con una certificación del Departamento de Finanzas del Municipio firmada por la directora Yazmín González Morales, en la que asegura que “no se han emitido pagos directamente relacionados a los asuntos legales personales que han estado ventilándose públicamente”.

Fueron siete minutos de lectura lenta durante su intervención pública. O’Neill alzó la mirada apenas una o dos veces contadas y Monserrate Matienzo lo corregía a ratos, cuando tropezaba con la lectura. 

“Mi mayor tristeza”, dijo en el mismo tono bajo de voz, “ha sido cómo se ha impactado mi esposa, a mi familia y la de todas las partes”. 

Con una disculpa a su pueblo “por el tiempo que esto me ha quitado de servirles” y un “que Dios los bendiga” culminó, se paró a las millas del asiento y se fue sin contestar preguntas.

Ni el alcalde ni el abogado quisieron hablar sobre el acuerdo debido a su carácter confidencial.

“Uno compra la paz y ambas partes quedan satisfechas. [El alcalde] no compró ningún silencio”, aseguró Monserrate Matienzo a preguntas de la prensa. “Estas declaraciones contestan todas las interrogantes que hay pendientes”, añadió.

Apenas pasaron 15 minutos desde que O’Neill salió de la sala y llegó la comunicación del gobernador pidiéndole la renuncia inmediata.

“Ante esa situación le solicito a Héctor O’Neill que presente de inmediato su renuncia al cargo de alcalde de Guaynabo y evite mayores problemas para él, el Gobierno Municipal y su familia”, sentenció por escrito Rosselló Nevares.

Añadió que “solicitamos una explicación transparente en respuesta a nuestro reclamo y eso no ocurrió, por lo tanto, el pedido de renuncia al alcalde es final y firme”.

Horas después, el Primer Ejecutivo pidió públicamente al Departamento de Justicia iniciar una investigación relacionada a señalamientos contra O’Neill. 

Anoche Justicia indicó por escrito que comenzó una investigación contra el alcalde dirigida “a determinar si hubo o no la comisión de delito”.

 “Tras advenir en conocimiento de la existencia de una querella administrativa formal ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente” y tras la petición del gobernador “continuaremos con los esfuerzos investigativos”.

“Una vez concluida la pesquisa, se evaluará si procede un referido al Panel para su consideración”, manifestó Vázquez Garced.

Del mismo modo, la procuradora de las mujeres, Ileana Aymat, aseguró que su oficina evaluará los protocolos de hostigamiento sexual en el municipio.

“Las alegaciones en este caso levantan una preocupación sobre el modo en que el municipio maneja los procesos internos para atender las querellas de hostigamiento sexual y la aplicación del protocolo”, subrayó Aymat en expresiones escritas.

“Ese protocolo se creó por una razón y es para evitar el abuso del poder sobre el supervisado. Es nuestra obligación asegurarnos de que el municipio cumple con estos protocolos, en todos sus niveles, comenzando con el Alcalde”, añadió.