El presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill García, opinó hoy, miércoles, que prefiere un aumento en los peajes, en vez de un alza en el arbitrio al petróleo y sus derivados, como opción para allegar fondos urgentes a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

O’Neill reconoció que la citada agencia estatal atraviesa una crisis económica que ha sido provocada por todas las administraciones gubernamentales que han estado en el poder desde el año 2000. Sin embargo, cuestionó por qué la administración de Alejandro García Padilla no acepta otras alternativas que no sea el aumento al arbitrio en el petróleo y sus derivados.

“Lo veo como una situación sin razonamiento”, sentenció el líder estadista al repudiar la legislación bautizada popularmente como la crudita, pero no quiso opinar sobre las repercusiones políticas que la medida tendrá para el gobernador Alejandro García Padilla.

Según O’Neill las soluciones deben estar “más pensadas” y optar por las que perjudiquen menos al consumidor. Por eso, admitió preferir un aumento en el costo de los peajes. Argumentó que si se suben los peajes el impacto lo asumirá el que quiera porque el conductor siempre tiene la alternativa de desviarse por una ruta alterna en la que no tenga que pagar por utilizarla.

“La situación tiene que estar un poco más pensada y analizada”, insistió O’Neill quien destacó el impacto negativo de la crudita en el Municipio de Guaynabo durante una conferencia de prensa realizada en el cuartel de la División de Tránsito de la Policía Municipal.

En tal sentido, puntualizó que un aumento en el arbitrio al petróleo y sus derivados afectará aún más las debilitadas finanzas de los municipios.

“Esto tiene un efecto dominó que va a afectar no solamente el bolsillo del contribuyente, sino la economía de los propios municipios”, sostuvo O’Neill García.

Explicó que en su municipio se presupuestó un gasto anual de $1.5 millones para la compra de combustible, pero ahora, con la inminente aprobación de este aumento, deberán “conseguir $400,000 adicionales”.

Comentó que como efecto en cadena, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales no ha conseguido una línea de crédito para adelantar las remesas a los alcaldes. Esto, según dijo, fue lo que provocó que el alcalde de Loíza, Eddie Manso, se haya quedado sin dinero para pagar la nómina de noviembre y que otros 47 municipios presenten percances económicos desde este mes.

“El resultado míralo ahí, 48 municipios en quiebra y se van a ir a quiebra. No van a pagar bono (de Navidad) ni nómina en diciembre y enero y quizás se puede establecer hasta abril”, precisó.