El senador Héctor Martínez pidió al Tribunal Supremo de Puerto Rico que adjudique la controversia sobre el suministro de alimentos en las instituciones penales.

Según el comunicado de prensa del senador, una empresa logró la adjudicación de la subasta hace más de un año pero aún no comienza a operar porque “la compañía que actualmente provee los servicios ha utilizado los procesos apelativos como subterfugio para impedir la otorgación del contrato”.

Martínez asegura que los confinados han manifestado, reiteradamente, su insatisfacción con el servicio que reciben de la actual empresa, alegando que el mismo es uno de pésima calidad, pobre higiene, que las comidas se sirven con productos expirados, y que esto atenta contra su salud y derechos civiles.

La controversia envuelve a las compañías Carolina Catering y Trinity Group Services, con base en Estados Unidos, y que desde el 2012, provee los servicios de alimentos en las cárceles, dijo el senado, quien dijo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación pagará $25,379,297.14 por los alimentos servidos durante el pasado año fiscal.

“La Constitución establece el respeto a la dignidad humana y a la rehabilitación del confinado. Por lo que constituye un castigo mayor, permitir que se sigan ofreciendo servicios de alimentación que no se ajusten a los estándares de inocuidad. Un año ha sido más que suficiente para que esta controversia se dirima, sin que se continúen afectando los recursos del Estado y el espíritu de la ley que obliga a celebrar subastas para adquirir bienes públicos”, comentó Martínez.

Según el legislador, electo por el Partido Nuevo Progresista, el proceso de subasta fue impugnado en mayo de 2019. La Junta de Supervisión Fiscal no ha aprobado el contrato, en espera de que los tribunales resuelvan.

“$25 millones no es una cuantía de poca monta. Es imperativo que los servicios de alimentación en las instituciones penales, que son sufragados con fondos públicos, sean dignos de ser consumidos por cualquier persona. Por eso entiendo que debe haber una determinación del Supremo que permita concluir este asunto y regresar al orden establecido de las cosas, que es la estricta observación de los procedimientos fiscales y la protección de la salud y los derechos civiles de la población penal”, sostuvo.

DCR custodia, al día de hoy, aproximadamente 8,808 reclusos, entre hombres, mujeres y jóvenes transgresores.

Se defiende la empresa

En tanto, Trinity Group Services lamentó las declaraciones del senador y sostuvo que las mismas demuestran “un alto grado de desinformación”.

A continuación, las expresiones que envió la empresa por escrito:

“La doctrina de revisión judicial establece que los tribunales tienen que revisar si las agencias actuaron dentro de los poderes delegados y si sus decisiones son compatibles con su ley orgánica. Trinity radicó un proceso de revisión judicial basándose en los derechos Constitucionales que le cobijan. La evidencia demuestra que en los procesos de la subasta ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación hubo un patrón de violación al debido proceso de ley y un prejuicio institucional hacia Trinity. Por esto fue que el Tribunal de Apelaciones paralizó la otorgación de un contrato a Carolina Catering Corporation, una compañía del consorcio de las Empresas Santana. De hecho, el Tribunal de Apelaciones mediante sentencia concluyó que: “la Junta no siguió su reglamentación al aceptar evidencia provista de formar ex parte por un funcionario del Departamento de Corrección… La conducta de la Junta de Reconsideración incide en la pureza de los procesos que debe perseguir la solicitud de reconsideración de una adjudicación de RFP o subasta formal… La actuación de la Junta no es cónsona con la política pública que persigue la competencia equitativa de los licitadores.

El senador Martínez debería hacer una investigación senatorial sobre el proceso amañado que resultó en la adjudicación de una subasta de $300 millones a una compañía que no cumplió con los requisitos impuestos en los pliegos; que fue a la única compañía que se le permitió modificar su oferta inicial $534 a $300 millones, sin explicación alguna, y siguiendo el formato de la oferta de Trinity; y que resultó en la adjudicación de la buena pro a la empresa que cotizó $83 millones más que Trinity.

Desde el 2012 las operaciones de Trinity han sido altamente supervisadas por un sin número de entidades gubernamentales estatales y federales, entre los cuales se encuentra el Departamento de Salud, OSHA, el tribunal federal (mediante un monitor en el caso de Morales Feliciano) y el propio Departamento de Corrección y Rehabilitación. Estas agencias entienden que el servicio ofrecido por Trinity es más que adecuado, al punto que el Tribunal Federal no entendió necesario continuar con las monitorías de los servicios de alimentos en el sistema correccional del País.

Trinity, además, compra el 100% de sus productos a suplidores puertorriqueños y emplea a cerca de 200 puertorriqueños en sus operaciones en Puerto Rico”.