El senador Héctor Martínez urgió mediante comunicado de prensa a la gobernadora Wanda Vázquez a evitar que el COVID-19 cause fatalidades en el sistema correccional de la Isla, y active todos los mecanismos en ley para facilitar que un sinnúmero de reos, que no son un peligro para la comunidad, puedan salir a sus hogares aliviando el peligro de la propagación del virus en el sistema correcional.

“Mi llamado es a salvar vidas, especialmente de los oficiales penales que tienen que brindar la custodia y protección 24/7, no importa qué ocurra. Hay un segmento de nuestra sociedad esperando respuestas salubristas en las instituciones penales y no podemos seguir ignorándolos”, afirmó.

“El derecho a la vida es fundamental y así lo consigna la Constitución para todos. Los confinados no han dejado de ser ciudadanos de esta Isla y merecen la igual protección de todas las leyes y de todas las órdenes o reglamentos que se formulen por acción gubernamental”, señaló.

El senador por acumulación mostró, según el comunicado de prensa del legislador, su frustración de que, a dos semanas de haber formulado un llamado público para salvar vidas en las cárceles, las acciones consecuentes no se han producido.

Aquella vez dijo que se deberían excarcelar aquellos mayores a 60 años, los que tienen una prognosis corta de vida o el diagnóstico de una enfermedad crónica, así como los que están próximos a cumplir su sentencia, o los que no representan ningún riesgo para la comunidad, como pudieran ser los convictos por tener deudas de pensión alimentaria.

A principios de mes hubo movimientos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación para esa excarcelación, pero no se han concretado.

Medidas similares se han tomado en lugares como California, en el Buró Federal de Prisiones, e Irán. Organizaciones como el Colegio de Abogados endosan la idea de Martínez.

Martínez recordó que en los penales no hay nunca seis pies de distancia entre unos y otros. Además, comparten los cuartos, los baños y las áreas comunes. Igualmente, gran segmento de la población padece de hepatitis y otras enfermedades crónicas, que ante la ocurrencia del virus, son una sentencia de muerte.

“Ya tenemos confinados y oficiales con la enfermedad, y muchos otros en cuarentena para verificar si son positivos o no. Las señales de alerta son cada vez más visibles, pero parecen ser ignoradas en espera de fatalidades”, argumentó el legislador.

Martínez insistió que en el siglo pasado se abolió la pena de muerte en Puerto Rico, y el gobierno por inacción no puede institucionalizarla en las instituciones penales.

“Hay que respetar el valor de la vida, y en esta situación, tenemos en las cárceles un ejemplo evidente de lo que pudiera ser un foco incontrolable de propagación y muerte. ¿Qué más hay que esperar?”, expresó de forma categórica.

El senador por acumulación enfatizó nuevamente que si la población penal llegara a contagiarse con la pandemia, no darían abasto ni los hospitales, ni el Centro de Convenciones o el Coliseo para atender los casos que se presenten.