La Contraloría de Puerto Rico informó este martes que una auditoría suya halló siete fallas en las operaciones fiscales de la Corporación del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré, entre ellas, que dejó de recibir 25,388 dólares en cobros de dos compañías contratadas para la venta de boletos.

 La auditoría, según se detalló en un comunicado de prensa, reveló que las Normas de Arrendamiento y Uso de las Instalaciones del CBA, carecen de varias disposiciones específicas sobre la evaluación de la capacidad financiera del arrendatario o sobre el proceso que deben realizar los ujieres con los boletos.

 Además, el Manual de Contabilidad también carece de disposiciones específicas sobre el proceso de gestiones de cobro.

 Estas situaciones, de acuerdo con la auditoría, no le permiten al CBA contar con guías para llevar a cabo las funciones relacionadas con el manejo y control de los contratos de arrendamiento y las gestiones de cobro.

 La auditoría señala además que no se localizaron para examen los planes de montaje y de trabajo técnico según disponen los procedimientos reglamentarios.

 La coordinadora de ensayos, por su parte, certificó que no podía proveer los documentos solicitados de tres eventos que se llevaron a cabo del 2016 al 2018.

 Esta situación priva al CBA de validar el cumplimiento de la normativa para este tipo de contratos.

 Los auditores de la Contraloría identificaron además múltiples deficiencias con el arrendamiento del Pabellón de las Artes.

 Por ejemplo, a la firma del contrato, el CBA no le requirió a la empresa el pago de la fianza ni se aseguró que el empresario mantuviera vigente el seguro de responsabilidad pública.

 Igualmente, del 2015 al 2018, el CBA radicó hasta cuatro meses tarde, 18 contratos y tres enmiendas, en el Registro de la Oficina del Contralor.

 Además, no remitió a la Contraloría copia de los estados financieros auditados ni de las cartas a la gerencia de los años 2013, 2015 y 2016, según dispone la Ley 273-2003 de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales.

 La auditoría halló para el periodo auditado, que no se llevaron a cabo 19 reuniones mensuales de la Junta de Directores, según dispone el Reglamento Interno.

 De hecho, la Junta no había incorporado disposiciones reglamentarias, como la firma, preparación y archivo de las minutas o el uso del sello corporativo.