Un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) indica que se encontraron varias instancias de deficiencias en las operaciones fiscales del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Entre los hallazgos está la otorgación de un contrato por $1.4 millones sin subasta previa, desembolsos por encima de lo pactado, facturas deficientes, una junta asesora que no se reúne desde 2018 ni tiene reglamento, así como contratos por más de $39.7 millones y sus enmiendas por más de $111.2 millones que se registraron en la OCPR hasta 18 meses más tarde, cuando la regla es que deben emitirse dentro de los 15 días de su otorgación.

De igual forma, el informe revela deficiencias en la disposición de propiedad inservible en esa agencia.

De acuerdo con la opinión cualificada emitirá por la OCPR, el DTOP desembolsó $28,966 a un contratista que facturó más de lo pactado en el contrato por servicios de vigilancia. En lugar de pagar $10.33 y $11.33 por hora de servicio, las facturas presentadas el 31 de diciembre de 2021 indicaban $11.91 y $12.91 por hora, respectivamente. Además, el contrato otorgado no incluyó la cuantía máxima a pagar y no identificaba la partida presupuestaria desde la cual se realizaría el desembolso.

En los seis contratos y seis enmiendas examinados en este hallazgo, se identificaron también múltiples deficiencias en la preintervención de las facturas. Por ejemplo, el 26% de las facturas no incluía el nombre y firma de los funcionarios, el 13% no indicaba el título del puesto del funcionario y el 10% no registraba el número del contrato. Estas deficiencias propician que se cometan errores en el trámite de los pagos.

Por otro lado, la auditoría de siete hallazgos señala que el DTOP otorgó un contrato por $253,400 para la digitalización de documentos y producción de rótulos para personas con impedimentos sin la Certificación de Justificación, que el DTOP solicitó vía excepción a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Además, para los servicios de impresión de licencias de conducir, no realizó un proceso de subasta, sino que otorgó un contrato por $1,440,000 directamente con el proveedor. Esta situación impide la libre competencia entre el mayor número de proveedores y puede propiciar el favoritismo.

Los auditores de la Contraloría también identificaron que la Junta Asesora de Transportación creada mediante la Ley 16 de 1980, no se ha reunido desde el 2018.

La Junta, que debe reunirse al menos cuatro veces al año y rendir informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, tampoco cuenta con un reglamento para regular su funcionamiento.

El Informe también publica que, contratos otorgados por valor de $39,792,004 y enmiendas por valor de $111,286,982, desde el 8 de enero de 2018 al 16 de septiembre de 2021, se registraron en la OCPR hasta 18 meses más tarde. Copia de los contratos y sus enmiendas, deben remitirse dentro de los 15 días desde su otorgación, ya que ninguna prestación o contraprestación puede exigirse hasta que no se haya registrado en la Contraloría de Puerto Rico.

Por otro lado, en las inspecciones realizadas en las oficinas regionales de Aguadilla, Arecibo, Guayama, Humacao, y San Juan se encontró propiedad inservible en almacenes o estructuras abandonadas a la intemperie ubicadas entre basura, vehículos cubiertos con vegetación y materiales obsoletos. Situaciones similares habían sido señaladas en los informes de inventario de propiedad de una compañía privada entre el 2019 al 2022. La falta de control sobre la propiedad impide la disposición correcta de la propiedad excedente y aumenta el riesgo de daño al ambiente y la salud pública.

Además, al 8 de agosto de 2023, el DTOP no contaba con un administrador de documentos públicos. Es obligación de las entidades gubernamentales designar un administrador de documentos públicos quien será responsable de cumplir con las normas del Programa de Administración de Documentos Públicos adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Por último, el presupuesto del 2018 al 2024 suma $1,825,684,506; sin embargo, al 30 de septiembre de 2023 se ha registrado desembolsos por $1,500,215,646.

Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.