El Departamento de Hacienda le dio este jueves un nuevo rumbo a los operativos que ha realizado en los pasados meses para intervenir a comerciantes que violentan disposiciones del Código de Rentas Internas. 

Según anunció el secretario, Juan Zaragoza, ahora comenzarán a impactar a patronos que les retienen a sus empleados las contribuciones sobre ingresos, pero no las remiten a la agencia. 

En entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio), el funcionario dijo que el principal problema con la actuación ilegal de los patronos es que Hacienda no puede penalizar a los empleados y les tiene que contar como contribuciones aquello que le fue retenido y, en muchas ocasiones, enviarle reintegros por lo pagado en exceso, aun cuando no cuenten con ese dinero. 

“Yo tengo que pagarle el reintegro ‘anyway’, aunque el patrono se haya quedado con el dinero. Eso es lo triste del sistema”, señaló. 

Este diario supo que serán cuatro los negocios o patrones impactados. Entre estos están dos bufetes de abogados de Arecibo. Uno supuestamente le adeuda $279,607.24 y el otro $387,471.21 por no remitir las retenciones que les realizaron a sus empleados en contribuciones sobre ingresos. 

También se destaca una compañía de manufactura en Ciales, la cual se alega le debe a Hacienda $244,649.52 por las retenciones a empleados no enviadas a la agencia, $15,713.60 por transacciones devueltas, $1,567,003.37 en arbitrios y $336,007.79 por no remitirles lo cobrado en IVU. 

El cuarto patrono impactado fue una tienda de efectos escolares en Carolina, que supuestamente adeuda $50,036.72 por retenciones de contribuciones a empleados, y $382,705.09 por no remitirles el pago del IVU. 

El monto de la deuda de estos patronos es de $3,263,194.54, indicó una fuente de este diario.

Los operativos contra comerciantes comenzaron en noviembre pasado y principalmente se impactaban a aquellos que adeudaban cifras millonarias a Hacienda por no remitir el Impuesto de Venta y Uso (IVU). 

En estos operativos, Hacienda realiza embargos y cierres de localidades. Según ha explicado Zaragoza, estos tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de la deuda con el Estado Libre Asociado. Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad, ya sea mediante pago o con evidencia de haberlo realizado.